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La Defensoría Penal Pública tiene previsto presentar esta mañana un recurso de amparo contra del Ministerio Público de La Araucanía, denunciando lo que califica como interceptación ilegal de conversaciones telefónicas entre comuneros mapuches imputados por el caso Luchsinger-Mackay y sus abogados defensores.
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Según información a la que tuvo acceso en exclusiva Publimetro, en el momento en que las defensas recibieron los antecedentes del caso desde la Fiscalìa, se percataron de la existencia de informes de la Policía de Investigaciones (PDI) que evidenciaban resúmenes transcritos de conversaciones telefónicas propias de la relación entre un abogado y su representado.
El Tribunal de Garantía de Temuco había autorizado en su momento a los fiscales a interceptar los números telefónicos de los comuneros investigados por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay, hecho ocurrido en la comuna de Vilcún en enero de 2013. Sin embargo, no habría cumplido lo que se indica en el artículo 222 del Código Procesal Penal, el cual señala que “no se podrán interceptar las comunicaciones entre el imputado y su abogado, a menos que el juez de garantía lo ordenare, por estimar fundadamente (…) que el abogado pudiere tener responsabilidad penal en los hechos investigados”.
Las escuchas registraron conversaciones entre la abogada de la Defensoría Manuela Royo y el comunero Sergio Marcial Catrilaf, entre enero de 2015 y el 28 de diciembre del mismo año, y entre Sebastián Saavedra y su representado Luis Sergio Tralcal, en tres oportunidades.
Pese a la ilegalidad del acto, desde la Defensoría remarcaron a Publimetro que estas interceptaciones fueron etiquetadas como “conversaciones de interés” por los fiscales del caso Alberto Chiffelle y Cristian Poblete.
También recordaron que se produjo una situación similar contra un defensor regional en 2011, en un caso de presunta asociación ilícita que involucraba a otros comuneros mapuches: finalmente, la Corte Suprema obligó al Fisco a cancelar 30 millones de pesos al afectado.
Fuentes ligadas a la investigación admitieron que situaciones como esta ocurren con regularidad, e incluso aseguran que para la Fiscalía local es bastante normal hacerlo. “Entienden que pueden grabar las conversaciones y decidir al mismo tiempo no considerarlas”, pese a que con ello logran conocer la estrategia de defensa de los acusados, indicaron.
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Para el abogado Sebastián Saavedra, uno de los afectados, la situación denunciada representa una nueva forma de vulneración en la que no sólo se escuchan las conversaciones, sino que además se dan el tiempo de transcribirlas e incluirlas entre los antecedentes del caso produciendo un “perjuicio gigantesco a la defensa”.
Añade que estas prácticas se suman a otras infracciones de derechos en contra de comuneros mapuches. “Además de lo ocurrido con José Peralino (imputado que aseguró en audiencia haber sido presionado para declarar contra los otros 10 involucrados), existen otros tres testimonios de personas de las comunidades cercanas que también han denunciado hostigamiento e incluso golpes de policías de investigaciones con tal de obtener información o confesiones”, afirmó el abogado de los hoy en prisión preventiva hermanos Luis y José Tralcal.
Royo, defensora de Sergio Marcial Catrilaf, en tanto, aseguró no sólo haber sido grabada hablando con su representado en más de diez ocasiones: también dice que encontró en los expedientes de la investigación transcripciones que no se relacionarían con esta causa, sino que corresponderían a conversaciones que tuvo con un tercero que no tiene relación con el caso Luchsinger, lo que la hace presumir que ha sido objeto de múltiples interceptaciones.
“Quedé afectada por la situación, acudí el año pasado a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a denunciar casos de violencia contra niños y niñas mapuche, llevo 260 causas con muchos imputados y representados, y he mantenido muchas conversaciones telefónicas por trabajar en lugares distintos. No tengo otra forma de comunicarme con ellos. Presumir que todas esas conversaciones están siendo escuchadas es fuerte”, señala.
Consultados por estos hechos, desde la fiscalía de La Araucanía se limitaron a negar la denuncia y aseguraron a Publimetro no haber intervenido conversaciones sin la correspondiente orden del tribunal.
