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Los puertorriqueños viven el día a día. En la isla la crisis se hace sentir: el gasto mensual en alimentos es el más bajo en 10 años, el costo por consumo de energía eléctrica aumentará nuevamente a partir de agosto, los servicios de salud se han visto afectados por una ola migratoria de médicos hacia Estados Unidos y el sueldo mensual de muchos contribuyentes no es suficiente para asumir un costo de vida que ha ido en aumento principalmente por causa de una serie de nuevos impuestos. El futuro del archipiélago caribeño es incierto.
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Una deuda impagable que alcanza los $72 mil millones amenaza con lanzar la isla hacia una “crisis humanitaria”, según reclama la autoridad local ante el gobierno de Estados Unidos, del cual la isla forma parte en una relación política conocida como Estado Libre Asociado. Tres razones principales han sido la causa de esa deuda: deficiente administración gubernamental, ausencia de proyectos de desarrollo económico y exceso de prestamos para financiar servicios y proyectos de infraestructura sin fuente de repago. Pero para hablar de la crisis económica y fiscal de Puerto Rico, es necesario viajar hasta la década de 1970, cuando todo comenzó. Fue durante la administración del gobernador Rafael Hernández Colón que el gobierno de la isla comenzó a balancear el presupuesto por medio de préstamos.
“La Constitución de Puerto Rico dice que tiene haber un presupuesto balanceado, pero se comenzaron a incluir préstamos como parte del ingreso y se comenzó a cuadrar el presupuesto con deudas de corto plazo”, explicó el economista puertorriqueño, José Alameda.
Para tener una idea, cuando Hernández Colón asumió la gobernación en 1973, la isla ya tenía una deuda de aproximadamente $2.991 mil millones. A finales de 1976, la cantidad ya ascendía a $5.587 mil millones, deuda que comenzó a comprometer los servicios y nómina del sector público del país. Los gastos del gobierno continuaban en aumento, pero los proyectos de desarrollo económico no aumentaban al mismo nivel. El presupuesto del gobierno se continuó balanceando cada año con préstamos, lo que provocó que para finales de la administración del gobernador Carlos Romero Barceló la deuda ascendiera a $8.693 mil millones en 1984 y para finales de la administración de Hernández Colón, en 1992, alcanzara los $13.822 mil millones.
La deuda pública se duplicó entre 1993 y el 2000, bajo la administración del gobernador Pedro Roselló. Durante esa época, se desarrollaron grandes proyectos de infraestructura y de servicio, como el tren urbano, un súper acueducto y la reforma de salud para proveer plan médico a los indigentes del país, todos financiados con préstamos sin fuente segura de repago. Durante esa misma época y con el apoyo del gobierno local, en 1996 el Congreso de Estados Unidos eliminó la sección 936 del Código de Rentas Internas Federal, una herramienta que proveía un crédito fiscal equivalente al total del impuesto sobre las utilidades corporativas provenientes de la producción, el comercio y la inversión de negocios activos en posesiones territoriales de Estados Unidos, como Puerto Rico. Dicha herramienta había traído a la isla decenas de corporaciones y empresas de manufactura que habían creado más de 180 mil empleos. Con su eliminación, la mayoría de esas empresas se fue del país. Para el 2000, la deuda pública rondaba los $23.821 mil millones.
“Casi siempre en los estados que tienen mayor nivel de desarrollo muchos de esos servicios los da la empresa privada, porque las personas tienen capacidad de pago. En Puerto Rico el nivel de pobreza es mayor, por lo tanto no se puede esperar que la gente pague a la empresa privada por los servicios que generalmente son públicos. Eso hace que el gobierno sea más importante… Es posible tener un gobierno que ofrezca los servicios públicos, pero en Puerto Rico se perdió el control de la deuda”, puntualizó Alameda, catedrático de Economía en la Universidad de Puerto Rico (UPR).
Entre 2001 y 2004 la gobernadora Sila María Calderón aumentó la deuda en unos $10.120 mil millones. A su llegada a la gobernación, Calderón denunció un déficit presupuestario de $700 millones, que nuevamente fueron balanceados con préstamos. Pese al déficit, se destinaron mil millones de dólares a un programa de revitalización en comunidades pobres y la deuda alcanzó los $33.942 mil millones.
La debacle económica se hizo más evidente a partir del año 2006, mientras gobernaba Aníbal Acevedo Vilá. Cuando culminó una extensión especial de 10 años de la Sección 936 que aplicaba solamente a las empresas que habían decidido permanecer en la Isla durante ese periodo adicional, pero con el cese total, terminaron por abandonar la Isla. En ese mismo año, el gobierno de Puerto Rico declaró un cierre de operaciones por falta de dinero para pagar la nómina de empleados públicos, un cese que duró 15 días. Al mismo tiempo, se declaró oficialmente recesión económica en el país y se aprobó el Impuesto sobre Ventas y Uso (IVU) de 7%, para allegar más ingresos. Dicha medida, sin embargo, ya no era suficiente para cumplir con los pagos de una deuda que ya ascendía en ese entonces a más $36 mil millones.
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