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El diputado independiente de la Nueva Mayoría, Pepe Auth, Con el apoyo de parlamentarios de diversas bancadas -Leonardo Soto (PS), Jaime Bellolio (UDI), Claudio Arriagada y Jaime Pilowsky (DC), Pedro Browne (Amplitud), Vlado Mirosevic y René Saffirio (Indep), Felipe Kast (Evopolis) y Daniel Farcas (PPD), presentó un proyecto de ley que castiga con las mismas penas del cohecho a las autoridades públicas designadas o electas que intentan influir mediante presiones y amenazas en el nombramiento o remoción de cargos públicos.
Auth afirmó al respecto que «establecer esta práctica política como un delito será una señal muy potente de la voluntad parlamentaria de cambiar la política, dejando atrás el clientelismo y la consideración del Estado como un botín. No basta con criticar las malas prácticas políticas, hay que desalentarlas configurándolas como delito y estableciendo penas que consideran incluso la inhabilitación temporal o permanente para ejercer cargos públicos».
En la sesión del próximo martes se dará cuenta del ingreso de este proyecto, que también extiende la figura del cohecho con sus penas de inhabilitación para ejercer cargos públicos a personas que, sin ser funcionarios públicos, abusan de su relación personal o familiar con alguna autoridad pública, para incidir en alguna decisión administrativa, distorsionándola.
Asimismo, el proyecto incluye la inhabilitación para establecer contratos con el Estado a empresas cuyo gerente general o socios directivos hayan sido condenados por soborno, incentivando así estándares éticos de comportamiento directivo y controles más estrictos de su aplicación.
«Recibimos frecuentes denuncias de nombramientos forzados por algún actor político determinado en desmedro de personas de calidad y mérito indiscutido. En ocasiones también sabemos de la salida de alguien de un cargo público en represalia por su apoyo a determinada opción en las elecciones internas de un partido político. Hoy día no hay sanción establecida para esas conductas que sin duda afectan la transparencia de la política pero también la eficacia de la administración pública», señaló el legislador.
PUB/CM
