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Tras evaporarse la ventaja que mantuvo por varios días, Keiko Fujimori busca este domingo convertirse en la primera presidenta del Perú, en un reñido balotaje con Pedro Pablo Kuczynski, quien recuperó las posibilidades de arrebatarle la victoria.
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Unos 23 millones de peruanos están convocados a votar en esta segunda vuelta de las elecciones presidenciales peruanas, donde el fujimorismo pugna por volver al poder 16 años después de que el padre de la candidata, Alberto Fujimori, huyera a Japón y renunciara por fax a la presidencia poniendo fin su gobierno represor y corrupto.
Los primeros resultados se esperan a partir de las 02H00 GMT del lunes.
Según dos simulacros de votación publicados el sábado por las firmas Ipsos y GFK, Fujimori dejó la condición de favorita y Kuczynski se ha puesto ligeramente por delante.
«Nada es definitivo. Sólo se puede anticipar que el virtual empate de hoy (sábado) anticipa un resultado ajustado» este domingo, explicó Alfredo Torres, presidente ejecutivo de Ipsos Perú.
Antes de depositar su voto, en lo que constituye soterradamente el último acto electoral, ambos candidatos han desayunado ante las cámaras en compañía de la familia y colaboradores.
Los primeros en votar fueron el presidente saliente Ollanta Humala junto a su esposa Nadine Heredia.
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Corrupción y narcotráfico
La última semana ha sido aciaga para la candidata, de 41 años, en su segundo intento de llegar a la presidencia de Perú el 28 de julio próximo, tras perder con Humala en 2011.
Pese al esfuerzo por modernizar su partido Fuerza Popular (derecha), que el 10 de abril conquistó la mayoría absoluta en el Congreso, Keiko Fujimori sigue suscitando el frontal rechazo de la mitad de los peruanos que la identifican con la corrupción y las violaciones de los derechos humanos del gobierno de su padre, quien purga una condena de 25 años de cárcel.
Desde los principales medios de comunicación, que han dado su apoyo a Kuczynski, pasando por las manifestaciones anti Keiko, las denuncias de lavado de dinero y corrupción que salpican a algunos de sus colaboradores y las acusaciones de narcotráfico contra 11 congresistas de su partido, todo ha ido mal para Fujimori en los últimos días.
A ello se suma que la mayor parte de los candidatos que quedaron excluidos en la primera vuelta le han dado su voto a Kuczynski, incluida la popular líder de izquierda Verónika Mendoza. Además, el economista resultó mejor evaluado en el debate del domingo 29 de mayo.
«Kuzczynski recoge los votos del antifujimorismo», dice a la AFP Luis Benavente, director de la consultora Vox Populi, quien no minimiza la fuerza de tiro de la que fuera primera dama en tiempos de su padre.
Y es que los resultados de las encuestas «no llegan o tardan en llegar a las provincias», donde la candidata recaba principalmente su voto, y «muchos no confiesan por pudor que van a votar por ella», añadió Benavente.
La llave del resultado puede estar en un 5% de electores con voto cambiante, en torno a un millón de personas.
Duelo de clases
Keiko Fujimori, madre de dos hijas pequeñas y cuya experiencia de gestora se limita a cinco años de congresista, recaba sus votos entre las clases más humildes que buscan en ella la reencarnación del gobierno de mano dura de su padre para combatir la delincuencia, que se ha convertido en la máxima preocupación del 70% de los peruanos, y la generosidad del Estado para resolver problemas básicos como la vivienda.
«Muchos simpatizantes de Keiko se recuerdan de un gobierno (el de su padre) muy firme contra el terrorismo y piensan que ella puede tener la misma firmeza contra la delincuencia», dice a la AFP María Luisa Puig, analista peruana del centro Eurasia en Londres.
En cambio, Kuczynski, de 77 años, exministro de Economía y próspero hombre de negocios, recibe el apoyo de la clase media alta urbana y del antifujimorismo.
Además de la inseguridad y el crimen organizado, al próximo presidente le aguardan enormes retos como reducir las profundas desigualdades en este país de 31 millones de personas, incorporar a la formalidad el sector informal de la economía que emplea al 70% de los trabajadores, o regular la actividad minera, que representa el 10% del PIB, para satisfacer las demandas sociales de las comunidades andinas y armonizarla con el respeto del medio ambiente.
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