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El consejo nacional del Colegio de Periodistas de Chile acordó desarrollar una agenda de acciones tendientes a convertir en una oportunidad para el país la controversia suscitada por las publicaciones de revista Qué Pasa, que derivaron en una querella de la Presidenta Michelle Bachelet.
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El consejo es la máxima instancia de definición del gremio y congrega a los presidentes regionales de Arica a Punta Arenas. La agenda se adoptó en una reunión realizada este sábado en Santiago y su objetivo es fortalecer las libertades de expresión y prensa, junto con el derecho a la información y el rol social de los medios de comunicación.
En la ocasión además se expresó el completo respaldo a las acciones realizadas hasta hoy por la mesa directiva nacional y su presidenta, Javiera Olivares.
De esta forma, se mandató a la mesa directiva para que junto a la bancada transversal por la democratización de las comunicaciones, lidere la presentación de una iniciativa que permita eliminar de la legislación chilena, tanto de la Ley de Prensa como del Código Penal, las leyes que establecen penas corporales (de presidio) para infracciones vinculadas con la libertad de expresión.
Esta iniciativa, explicó el colegio, está en coherencia con la jurisprudencia internacional y los tratados suscritos por Chile en la materia.
A esta acción se sumará el reimpulso, también junto al grupo de diputados y senadores que conforman la bancada, del proyecto de ley que buscaba la recuperación de la tuición ética de los colegios profesionales, que permitiría dirimir este tipo de situaciones sin judicialización penal y que hoy se mantiene en el Parlamento sin urgencia, desde el primer gobierno de Michelle Bachelet.
Además, el consejo acordó requerir a la Fiscalía Nacional Económica que publique un informe sobre el mapa de concentración mediática en Chile, para determinar si se ajusta a estándares internacionales en la materia.
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Al respecto, Olivares indicó que “como Colegio de Periodistas de Chile, con el respaldo de todos los dirigentes nacionales, hemos decidido convertir lo que ha ocurrido en una oportunidad política para el país, en aras de avanzar no sólo en la resolución de caso Qué Pasa, sino también en más democracia para nuestro sistema de medios».
«Por ello, hacemos un emplazamiento público a las autoridades gubernamentales y a todos aquellos que en estos días han alzado su voz para defender la libre expresión, a sumarse a avanzar en más pluralismo y dar muestras claras de su voluntad por luchar contra la concentración de la propiedad y el ejercicio de una prensa ética», añadió
Recordó que esto último «es lo que hemos venido planteando desde hace años y particularmente ahora, en el marco del proceso constituyente, con la necesidad de instituir en la nueva Constitución el derecho a la comunicación».
PUB/CM
