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El matutino Los Tiempos de Cochabamba (centro) informó en su edición de la fecha una declaración realizada esta semana ante fiscales por Zapata -exejecutiva de la firma china Camc, con millonarios contratos con el Estado boliviano- actualmente bajo prisión preventiva.
«En realidad el niño falleció el 2 de octubre de 2009, en La Paz», afirmó Zapata, de 28 años, tras haber asegurado a fines de febrero, cuando estalló el escándalo, que el pequeño vivía.
El periodista boliviano Carlos Valverde reveló el caso de la paternidad de Morales con la ejecutiva, lo que sumió al gobierno en una fuerte crisis de credibilidad, pues dio varias versiones sobre el tema.
El caso afectó la imagen del presidente Morales (en el poder desde 2006) quien acusó a la oposición de usar el tema, en la antesala de un referendo popular en febrero pasado, cuando buscó sin éxito su reelección para un cuarto mandato consecutivo (2020-2025).
El oficialismo incluso aseguró que Zapata fue parte de un complot contra el gobierno.
El mismo presidente Morales reconoció que había un niño, fruto de una relación sentimental, aunque él aseguró que falleció, mientras el vicepresidente Álvaro García y la Fiscalía General señalaron que nunca existió.
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El menor, inscrito en el servicio civil como Ernesto Fidel Morales Zapata, «nació el 30 de abril de 2007. Nació en La Paz en un domicilio particular», explicó la exnovia de Morales.
Zapata, encarcelada por una acusación de legitimación de ganancias ilícitas y enriquecimiento ilícito, había insistido todo el tiempo que el niño vivía e incluso anunció que plantearía un proceso legal contra el gobernante para quitarle la paternidad.
Morales se sometió a fines de abril a una prueba de ADN, mientras los abogados de Zapata señalaron que ella se negó al examen y a presentar al hijo, pues exigió contratar a peritos de contraparte, por dudar de una oficina pública de medicina que realiza tales tareas.
En medio del escándalo, el gobierno admitió que Zapata utilizaba dependencias públicas para hacer sus negocios, con ayuda de otros funcionarios estatales. El Congreso boliviano investigó el tema, pero no halló responsabilidad ni en Morales ni en la firma china.
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