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Un nuevo sistema común de acceso que dependerá del Ministerio de Educación, a través de la nueva Subsecretaría de Educación Superior, forma parte de la propuesta que el Gobierno considera en el proyecto de reforma al sistema terciario, y que en los próximos días ingresará al congreso para su tramitación.
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De esta forma el actual Sistema Unico de Admisión (SUA), que está en manos del Consejo de Rectores (Cruch), quedará bajo la futura Subsecretaría, según consigna una minuta del ministerio que se le entregó a la Confech.
El nuevo organismo asumirá la responsabilidad no sólo de crear la nueva fórmula para ingresar al sistema de educación superior, sino que también deberá “evaluar los instrumentos vigentes y su futuro”. Esto quiere decir que la Prueba de Admisión Universitaria (PSU), pasará por cambios y será apoyada por otras herramientas “que reconozca los talentos como principal elemento de acceso a la educación superior, diferenciando los requisitos y procedimientos del sector universitario con los del sector técnico profesional de nivel superior”, sostiene otro documento oficial denominado “Fortalezas y puntos de acuerdo”.
También se aclara que “estar adscritos a este sistema de admisión será condición para percibir los recursos de la gratuidad”. Esto continúa con la polémica que se abrió hace algunas semanas luego de que el Cruch no dejara ingresar a la U. Autónoma al SUA (una de las treinta instituciones adscritas a la gratuidad) por “no entregar antecedentes suficientes para dar por satisfecho el requisito de ausencia de lucro”, señaló entonces Aldo Valle, vicepresidente del Cruch y rector de la U. de Valparaíso. En el mismo documento se señala que el lucro no será tipificado como delito, pero que “es una materia que debe ser abordada en el debate legislativo”.
Por otro lado, se menciona que se terminará con el Aporte Fiscal Indirecto (AFI), recursos entregados a todas las instituciones de educación superior que matriculen a los 27.500 mejores puntajes PSU, mientras que las instituciones estatales “tendrán fondos basales específicos para fortalecer su desarrollo”.
Esto ahonda la molestia de algunos rectores luego de la reducción del AFI en un 50%, lo que incide en la baja de recursos para sus planteles.
El viernes el Mineduc le informó a la Confech que la fórmula para llegar a la gratuidad universal se establecerá en el proyecto de reforma a la educación superior, en donde se definirá que el aumento de los deciles (ver recuadro) dependerá del avance del Producto Interno Bruto del país (PIB).
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Para el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner el mecanismo dado es discutible ya que “no se ve por qué la ley deje establecido qué parte de los ingresos sean destinados a la educación superior y no a otras áreas como la educación preescolar o sectores como salud o vivienda”. Además, agregó Brunner, es una mala práctica dejar establecido un “amarre de recursos futuros en una ley, restándole capacidad de maniobra política a futuros gobiernos”.
El director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, quien remarcó que “esta propuesta busca compatibilizar el cumplimiento de una promesa de campaña con las dificultades que hay para su financiamiento”. En ese sentido, Figueroa señaló que lo razonable es renunciar a la idea de la gratuidad universal “y focalizar el gasto en quienes más ayuda necesitan como los alumnos vulnerables”.
En tanto el diputado y presidente de la Comisión de Educación, Alberto Robles cree que debe existir la gratuidad universal “pero entiendo que eso debe ser gradual”.
Sin embargo, Robles también reconoció que es importante que el país “ponga recursos no solo en la educación superior, sino que también en la primera infancia. Hay que dar más recursos a la educación de párvulo”, agregó el diputado.
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