La Cámara de Diputados aprobó este martes, con 107 votos a favor, gran parte de los cambios introducidos por el Senado al proyecto que busca mejorar la defensa de la libre competencia.
De esta manera, los parlamentarios ratificaron lo aprobado por los senadores en cuanto a elevar la colusión a la categoría de delito penal, reestableciendo penas que esta vez van desde los 3 años y 1 día a los 10 años de cárcel.
Asimismo, se estableció que el monto de la multa por colusión ascienda al doble del beneficio obtenido o el 30% de las ventas en dicho periodo. En tanto, se aumentó el límite máximo por infracciones anticompetitivas (en el caso en que no se puedan determinar las ventas ni el beneficio económico obtenido por el infractor), aumentándola hasta 60.000 unidades tributarias anualesm (UTA).
Pese a ello, los diputados rechazaron que la Fiscalía Nacional Económica (FNE) tenga la exclusividad en la acción penal sobre casos que afecten la libre competencia, artículo 64 que llevó al proyecto a Comisión Mixta.
Tras la votación, el ministro de Economía, Luis Felipe Céspedes destacó que «tenemos un proyecto de ley que aumenta las multas de manera muy drástica, es una muy buena noticia para todos los chilenos, ya que aquellos que se coludan tengan que pagar multas que sean el doble del beneficio económico que obtuvieron».
Respecto de la norma cuestionada por los diputados, respecto de quien tiene la potestad para llevar la persecusión penal de este delito, el secretario de Estado sostuvo que «vamos a trabajar en la Comisión Mixta para afinar detalles. Se han planteado dudas respecto de cuán efectivo puede ser este artículo y nosotros como Ejecutivo vamos a estar dispuestos y disponibles para clarificar cualquier duda que surja».
En esa línea, Céspedes subrayó que el Gobierno estima que esta facultad exclusiva para el fiscal económico es la correcta, ya que apunta a que la FNE tiene las capacidades para investigar este tipo de casos.
Se mantiene delación compensada
Otros aspectos de la normativa también destacan están el que define un nuevo régimen de control de operaciones de concentración o fusiones, la protección de los derechos de los consumidores, establece una nueva facultad de la FNE para estudiar la evolución competitiva de los mercados; y fija sanciones para quienes entorpezcan las investigaciones del organismo.
Además se establecen inhabilidades para desempeñar cargos públicos y la protección de la delación compensada, por considerarla indispensable para desbaratar una eventual colusión.
Finalmente, se determinó que en la colusión que involucre a sólo dos competidores, únicamente el primer delator no tendrá pena de cárcel efectiva y se establece el deber explícito de los delatores de colaborar en el proceso penal.
DP/PCP
