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“¿Dónde vamos a vivir?” Migración y apatridia en Haití y la República Dominicana revela la irresponsabilidad con que los dos gobiernos están manejando la deportación, la expulsión y el retorno “espontáneo” de decenas de miles de personas de la República Dominicana a Haití tras un plan de regularización, de 18 meses de duración, para las personas extranjeras indocumentadas que viven en la República Dominicana.
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“Desde que privaron arbitrariamente de su nacionalidad a miles de personas dominicanas de ascendencia haitiana, las autoridades de la República Dominicana han creado una crisis de derechos humanos que está dejando a decenas de miles de personas en un limbo jurídico absoluto y desesperado”, ha manifestado Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
Más de 40.000 personas –entre ellas varios cientos de menores no acompañados– han sido deportadas de la República Dominicana a Haití entre agosto de 2015 y mayo de 2016, según la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) y las organizaciones de la sociedad civil haitianas.
Al menos otras 68.000 regresaron a Haití “espontáneamente”, en muchos casos tras recibir amenazas o por el temor a sufrir persecución y violencia en la República Dominicana.
Aunque el 85 por ciento del total dijeron a la OIM que habían nacido en Haití, un 15 por ciento afirmó haber nacido en la República Dominicana. La mayoría son hijos e hijas de personas migrantes haitianas que han regresado “voluntariamente”, pero que podrían tener derecho a la nacionalidad dominicana.
Según verificaciones del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, casi 1.600 personas que tienen derecho a la nacionalidad dominicana han sido expulsadas ilegalmente del país.
Unas 2.000 personas viven desde agosto de 2015 en seis campamentos improvisados cerca de la localidad fronteriza de Anse-à-Pitres, en el sur de Haití.
Las condiciones en los campamentos son pésimas, sin apenas acceso a comida, agua, instalaciones de higiene o atención médica. Durante varios meses, las autoridades haitianas no asumieron el liderazgo para encontrar una solución, y hasta mediados de febrero de 2016 no se estableció un plan para reubicar a todas las familias en las zonas que ellas mismas eligieran.
“La opacidad con que la República Dominicana está deportando a personas y la falta de capacidad de Haití para brindarles protección han dado lugar a una situación desastrosa y caótica. Las condiciones de vida en estos campamentos son de una desesperación extrema, y ni las autoridades de un país ni las del otro han garantizado el bienestar de estas personas.”
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Las escasas mejoras introducidas por la República Dominicana en la manera de llevar a cabo las deportaciones –como evitar las deportaciones colectivas y asegurarse de que no se realizan deportaciones de noche– no bastan para garantizar la protección de los derechos de las personas afectadas; por ejemplo, no han incluido un cribado individual para determinar qué personas deben ser deportadas ni han garantizado que no se expulsa a nadie que tenga derecho a permanecer en la República Dominicana.
Muchas de las deportaciones se llevan a cabo sin que quede constancia alguna. Algunas de las personas deportadas afirman que las detuvieron en la calle y, al no poder mostrar allí mismo sus documentos de identificación, las llevaron directas a la frontera.
A ninguna de las personas entrevistadas por Amnistía Internacional le entregaron una orden de deportación ni le dieron la oportunidad de impugnar su legalidad ante los tribunales. Tampoco les ofrecieron asistencia judicial.
PUB/IAM
