Recientemente, el Congreso nacional despachó la denominada “Agenda corta anti delincuencia”. No exenta de polémicas, se aprobó un texto que contempla aproximadamente 30 cambios legales los que, por una parte, “se hacen cargo” de problemas prácticos de procedimiento que atentan contra una eficaz persecución penal en este tipo de delitos, y por la otra, otorgan más facultades a policías y fiscales para perseguir de mejor forma los robos en sus diversas formas.
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Al calor de la discusión hubo quienes dijeron que se buscaba sancionar a quienes asaltan los hogares más acomodados. Falso, 8 de cada 10 hogares victimizados durante el último año pertenecen al nivel socio económico C3 y D. Es decir, los más afectados son familias de clase media que carecen de recursos para financiar seguridad privada (alarmas, guardias, cercos u otros), a quienes además les roban bicicletas, televisores o computadores, que han comprado con esfuerzo a crédito y deben seguir pagando sus cuotas aun cuando se los hayan robado.
Dentro de las modificaciones se permitirá a las policías tener agentes encubiertos para infiltrarse en bandas organizadas dedicadas a los robos. Se limita la facultad de los jueces para rebajar penas y se aumenta el piso de las penas para los robos con homicidio o violación.
Estas normas, sumadas al recientemente aprobado plan de fortalecimiento del Ministerio Público y el aumento de dotación de Carabineros e Investigaciones, constituyen un claro fortalecimiento de las capacidades persecutoras, es de esperar que podamos observar mejoras considerables en los resultados de la persecución de estos delitos y con ello aumentar la seguridad de las familias.
A lo anterior, ahora hay que dar un paso decidido en los denominados delitos económicos o de cuello y corbata con una “agenda corta” que persiga a sus autores. Cohecho, fraude al fisco, soborno, lavado de activos, colusión, infracción al mercado de valores, son algunas de las conductas que debería contener esta nueva agenda, destinada a sancionar a aquellos que, sin entrar en una casa o local comercial se meten en el bolsillo de consumidores, del Estado o del mercado para incrementar sus arcas personales violando la ley.
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