Hace pocos días visitó Chile Rudolph Giuliani, ex alcalde de Nueva York (1994-2001), quien se hizo internacionalmente famoso por el notable éxito que tuvo en el combate a la delincuencia. Gran parte de ese éxito se debe a que el combate a los delincuentes no empezaba recién cuando ellos asaltaban a una persona o robaban una casa, sino antes de que esos delitos se cometieran.
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Invitado por la organización La otra mirada y la Universidad Adolfo Ibáñez, Giuliani compartió su experiencia como ex alcalde y señaló cuáles son los requisitos indispensables para que el Gobierno encare la lucha por la seguridad social de una nueva forma.
Cuando se produjo el atentado terrorista contra las Torres Gemelas en Nueva York(2001), Giuliani era alcalde de esa ciudad. Su eficiente respuesta al caos de seguridad desatado por el ataque de Al Qaeda, lo hizo merecedor del apodo “El alcalde de América”, en alusión al merecido protagonismo que alcanzó manteniendo el orden público y la paz social en una ciudad sumida en el miedo y la desconfianza después del 11/9.
Pero el trabajo de este alcalde había comenzado mucho antes, cuando adoptó la política llamada de “Tolerancia 0” y resumidamente consistió en comenzar a sancionar y evitar que se cometieran faltas menores en la calle. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, los rayados en las murallas, las evasiones del pasaje en el transporte público, el comercio callejero, etc.
¿Ha escuchado el dicho de “le das la mano y se toma el pie” sobre la gente que es demasiado “confianzuda”? Bueno, la teoría de Giuliani tiene la lógica de ese refrán, porque afirma que si no se castiga inmediatamente al autor de una infracción menor y se le deja pasar, se le está incentivando a reincidir o incluso a cometer hechos más graves.
Por ejemplo, si una casa tiene las ventanas rotas durante largo tiempo, da la impresión de estar abandonada, tentando a que antisociales rompan otras ventanas o ingresen a ella para robarla, por eso a la política de Giuliani se le conoce como la teoría de las “Ventanas rotas”.
¿Le doy otro ejemplo? Hace años los encapuchados comenzaron tirando piedras y haciendo barricadas; después empezaron a lanzar bombas molotov y a destruir semáforos, letreros y paraderos; ahora llegaron al extremo de irrumpir en un templo católico, robar un crucifijo y destruirlo en la calle frente a todo el mundo. Días antes, el pasado 21 de mayo, sus bombas incendiarias ocasionaron la muerte de don Eduardo Lara, crimen que a un mes de su comisión todavía está impune y con sus autores gozando de plena libertad. Y otro tanto ocurre en La Araucanía, donde simplemente pareciera que no existe el estado de derecho.
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Los abusos y delitos cometidos por distintas autoridades ocasionaron la severa crisis de confianza y credibilidad que afecta a casi todas nuestras instituciones, debilitando la legitimidad, prestigio e influencia no sólo de los políticos sino también de líderes religiosos, jueces, empresarios y hasta de la dirigencia deportiva.
Creo que este deterioro generalizado de las autoridades públicas, sumado al temor de ser impopular o criticado, lleva a que algunos funcionarios del Estado no quieran o no se atrevan a aplicar la ley o una sanción cuando es “políticamente incorrecto” aunque legal y moralmente correcto.
Esta falta de convicción y debilidad de ciertas autoridades públicas es el mejor aliado de los delincuentes que, por definición, son enemigos del respeto a las normas, jerarquías, deberes y obligaciones. Y cuando por la razón que sea, un policía, un ministro o un juez cumplen con su deber a medias, tenemos un país a medias, donde el derecho a vivir en paz y tranquilos, también se ejerce a medias porque cuando salimos a la calle nos pasamos vigilando de reojo la cartera, la billetera o el celular y cuando llegamos a nuestro hogar nos tenemos que encerrar tras rejas, puertas y ventanas.
¿Cómo podemos revertir la crisis de autoridad? Si usted es papá, profesor o tiene otro tipo de responsabilidad jerárquica, ejérzala con justicia y sin temor ni complejos. Enseñe con su ejemplo que el poder no es sinónimo de abusos, ni la autoridad de privilegios ilegítimos.
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