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Un veintena de mujeres de las agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos y de Ejecutados Políticos se encadenaron a las rejas de la sede del Congreso en Santiago, frente a los Tribunales de Justicia, en el centro de Santiago, para protestar contra los últimos fallos de la Tercera Sala de la Corte Suprema, que han acogido recursos de protección de militares violadores de derechos humanos encarcelados.
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También protestan en contra de la solicitud hecha por un grupo de parlamentarios de una ley que le permita a los mayores de 80 años salir de la cárcel.
Según lo expresado en el lugar por la presidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Lorena Pizarro, “resulta muy duro que después de 42 años del golpe de Estado cívico militar y después de 26 años de iniciada la transición democrática, los familiares de las víctimas del terrorismo de Estado tengamos que estar recurriendo a encadenarnos en el ex Congreso Nacional, como lo hicimos en el año 1979, porque en Chile se pretende dejar en libertad a aquellos que están cumpliendo condena en un penal especial, como Punta Peuco”.
También dijo que por parte de la Corte suprema y del Senado se pretende realizar esta impunidad. “En aquellos años no existía el Congreso, por razones obvias. Hoy día el Senado se atreve a buscar rasgos de humanidad en quienes no los tienen”.
“Aquí hay muchas mujeres de edad, de 80 y 90 años, y hablan de ciertos rasgos de humanidad con esos pobres viejitos que están cumpliendo condenas. Estas mujeres que están acá hasta el día de hoy no encuentran a su familiar, hasta el día de hoy no saben lo que pasó, hasta el día de hoy no ven que se hace justicia con estos criminales. Estas mujeres que están acá son víctimas de aquellos que hoy día se quieren victimizar”.
Lorena Pizarro dijo que es muy grave que se intente trasladar la demanda de justicia de su organización hacia una lógica de venganza, y agregó que lo que piden es verdad y justicia.
“Nuestro petitorio tiene cuatro puntos: Cárcel común para los violadores de Derechos Humanos, por lo tanto, cierre del penal Punta Peuco. Que se termine esta iniciativa del Senado de otorgar beneficios a violadores de Derechos Humanos. Que la Tercera Sala de la Corte Suprema deje de liberar a gravísimos violadores de Derechos Humanos».
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«Y, por último, que desde el Gobierno se envíe un proyecto -con carácter de discusión inmediata- que nos permita terminar con esta abominable decisión que ha significado liberar a violadores de Derechos Humanos”, concluyó la dirigenta.
PUB/CM
