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Este martes cuando los parlamentarios analizaban el proyecto de reforma a la educación superior que ingresó a la Cámara con tramitación de urgencia simple, el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, dio a conocer las cifras estimadas para alcanzar la gratuidad universal, que abordaría el 1.5% del PIB.
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“¿Cuánto cuesta la gratuidad?, con lo que ya hemos avanzado la parte de educación superior cuesta 1,5 puntos del PIB, el PIB cuesta US$240 mil millones, estamos hablando de cerca de US$4 mil millones para tener gratuidad”, señaló el ministro Valdés.
Tras los cálculos del secretario de Estado, distintos actores de educación comentaron las estimaciones para poder tener gratuidad, lo que según el economista y director del centro de estudios de Economía y Negocios UDD, Cristián Echeverría, la reforma de educación superior sería un segundo Transantiago.
“Me da la sensación que sería poco el cálculo del ministro Valdés, porque con gratuidad se va a producir un incremento en la demanda de la educación superior, y ahí pasaría algo semejante a lo del Transantiago donde se le ha tenido que inyectar dinero con el tiempo, en la práctica de la implementación los costos van a ser mayores para su sorpresa”, comentó Cristián Echeverría.
Según el economista, el problema en la estimación se debería a que los cálculos se hacen con datos estáticos sin prever variaciones en los próximos años.
“Todos estos cálculos que hacen son estáticos porque toman variables fijas y se hacen estimaciones demasiado optimistas con respecto de la demanda que va a existir y el incremento de una política que subsidie a todo un sector va a generar aumentos en los costos y eso es difícil anticiparlo, pero se puede hacer”, agregó el economista.
Esta visión de problemas a futuro, se acompañan con el largo tramo que queda para que en el país se logre la gratuidad universal, tal como plantean desde la Fundación Educación 2020, llegaría hasta en 50 años más.
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“Con las condiciones actuales de crecimiento que tiene el país, la gratuidad se va a demorar bastante tiempo en aplicarse entre 30 y 50 años y en ese sentido si nos parece que es un plazo que socialmente no es muy aceptable (…) No creemos que sea de inmediato en los próximos años, pero si tiene que tener un plazo razonable que se estima como máximo 20 años”, aseveró el investigador de política educativa de Educación 2020, Mathías Gómez.
Mas allá de los plazos y las estimaciones económicas, hay puntos cruciales en la reforma que se espera incluyan otros ámbitos de educación y no gaste todo el presupuesto para universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales.
“Lo complejo es que se insiste en destinar esta cantidad enorme de recursos a una política que es muy poco conveniente para el sistema educacional chileno, porque implica destinar parte importante de esos recursos a las familias que menos necesitan las ayudas del Estado”, afirmó el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa.
Idea que desde Educación 2020 complementan con políticas en educación inicial y escolar, porque “también tiene que ir en línea con los esfuerzos que está haciendo el país en otras materias educativas como el sistema escolar y la educación inicial”, agregó Mathías Gómez.
