Con su valiente testimonio, Erika Olivera desgarra el alma de Chile. Y nuevamente, nos obliga a poner sobre el tapete de la discusión una realidad trágica e invisibilizada en la que están sometidos -al menos- sesenta niños al día en nuestro país.
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Esto no es un fenómeno reciente. Esto no está ocurriendo sólo ahora. Esto ha pasado siempre. Y, lamentablemente, nuestra sociedad vuelve a conmocionarse con este drama y a tomar conciencia de sus alcances, luego de que una figura nacional de la talla de Erika Olivera se atreve a romper el silencio y contar una verdad que han vivido, y desgraciadamente viven, cientos de niños y niñas en nuestro país.
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En Chile, parece que los dramas deben ocurrir para que se empiece a mover todo. Para que la institucionalidad funcione. Para que nos cuestionemos por qué no hemos avanzado en los proyectos de ley pendientes que atacan, por ejemplo, este flagelo. Para que nos preguntemos si acaso el sistema realmente funciona, y en qué podemos hacer para que sea eficiente.
Son muchas las agrupaciones que posee la sociedad civil y que se han dedicado durante años a denunciar casos. Que han trabajado intensamente sobre este tema, día a día, y hace muchísimo tiempo. Son ellas quienes, con su enorme convicción y fuerza moral, han motivado muchas veces, los cambios legislativos. Son ellas, las que han alzado la voz y nos han advertido que las víctimas de estos abusos no son atendidas como corresponde.
Son estas organizaciones las que nos cuentan que, efectivamente, a un niño que sufre un abuso sexual, no se le cree. Que, en la práctica, ese niño abusado sexualmente debe pasar una y otra vez por la entrevista de diferentes personas sobre un hecho que, irremediablemente, gatilla recuerdos que son de por sí, traumáticos y dolorosos. Que no existe en nuestro país el sistema de video-entrevista única. Que la revictimización está a la orden del día. Que el Servicio Médico Legal muchas veces no tiene las condiciones necesarias para atenderlos bien. Que los informes sicológicos y los peritajes son muchas veces, deficientes. Que no existe la palabra reparación en el proceso. Y que, lamentablemente, esa deficiencia termina siendo la responsable de que las condenas sobre denuncias de abuso sexual infantil en Chile sean mínimas.
Son estas agrupaciones las que nos hacen ver que en innumerables ocasiones, las víctimas desisten de seguir denunciando y de llevar adelante los procesos hasta al final, porque no saben realmente si vale la pena. Porque sienten que los abusadores van a terminar libres. Que las condenas, muchas veces, no castigan con privación de libertad, sino que, apenas, con una firma mensual. O que se les aplican beneficios insólitos para la gravedad del delito, como vimos hace poco tiempo en Valparaíso con la liberación de 101 agresores sexuales por beneficios intrapenitenciarios.
De todos estos temas debemos hacernos cargo como sociedad, y no solamente centrar la discusión en la imprescriptibilidad del delito, hecho que de por sí es tremendamente relevante, pero que se hace insuficiente ante la desconfianza que existe en el sistema.
¿Por qué tiene que ser la sociedad civil la que dé la lucha prácticamente en soledad, muchas veces en marchas y en encuentros anónimos en la calle que pasan inadvertidos para los medios de comunicación? ¿Por qué hay que esperar un gesto de arrojo como el de Erika Olivera, para que el sistema vuelva activarse? ¿Por qué tiene que morir una niña en el Sename o salir en televisión un caso de grave maltrato infantil como el del pequeño Santiago, para que, efectivamente, se ponga atención a las malas condiciones en las cuales nuestro país protege la niñez?
¿Qué más tiene que pasar para que como Estado les demos prioridad a nuestros niños?
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