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Realismo sin renuncia. Esa ha sido la premisa del Gobierno de la Presidenta Bachelet desde que Rodrigo Valdés asumió la cartera de Hacienda. Y es que la desaceleración económica de nuestro país, producto de la incertidumbre generada por reformas internas y el menor dinamismo de la economía mundial, caló hondo sobre el Gobierno.
Así esta semana fuimos espectadores del envío del proyecto de ley que finalmente busca materializar la gran política pública con que Bachelet logró una nueva presidencia: la gratuidad de la educación. Una iniciativa que se presenta como la culminación de una reforma iniciada con la desmunicipalización de la educación, el fin a la selección de alumnos y mejoras salariales a profesores.
El mecanismo escogido por el Gobierno para la gratuidad fue el de financiar directamente a los establecimientos de educación superior que adscriban al beneficio. Para ello, cada casa de estudios debe cumplir con requisitos, donde destaca la acreditación obligatoria y la inexistencia de lucro. Una vez que las casas de estudio son aprobadas por el Ministerio, accederán a recursos anuales fijados por el Estado. ¿Cómo así? El Gobierno encargará a una comisión de expertos la estimación del costo anual por alumno para cada carrera que se imparte en Chile.
Definida esa cifra, el Estado transferirá año a año a los establecimientos los dineros para cada matriculado, de acuerdo a la carrera que curse. Este beneficio sólo será extensivo por los años que formalmente duren los estudios. Así el Estado no financiará años de atrasos, o el tiempo extra de estudio incurrido por concepto de cambio de carrera.
Los rectores de universidades estatales y privadas no han dudado en descalificar el proyecto de ley. Y es que hoy en día cada universidad fija sus propios aranceles, de acuerdo a la carrera y sede. Al respecto advierten que la estimación de costo por carrera que realizará el Estado será sólo un 70% del actual arancel que hoy cobran universidades de prestigio y mayor antigüedad. Así muchas de ellas deberán realizar fuertes recortes de gastos para poder brindar gratuidad, como la ley exige.
Voces en contra plantean que hoy las universidades no cobran el costo real de impartir una carrera, sino que simplemente un precio de mercado superior. Como sea, la gratuidad implicará ceñirse a la cifra dictada por el Estado. Aquí está el dinero para este año. Eduquen y no cobren. Háganlo lo mejor que puedan. Ojalá les rinda. La gratuidad de Bachelet.
Matías Godoy Mercado
Director de Economía para todos – www.economiatodos.cl
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