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Como era de suponerse, diferentes fueron las reacciones en el oficialismo y la oposición, luego de que el Tribunal Constitucional decidiera declarar inadmosibles los nuevos requerimientos contra la reforma laboral.
«Valoramos que el requerimiento se haya rechazado», expresó el ministro vocero de Gobierno, Marcelo Díaz, quien estaba acompañado de los secretarios de Hacienda y Trabajo, Rodrigo Valdés y Ximena Rincón.
Asimismo emplazó a la derecha respetar lo decidido por el tribunal. «Podrán no compartir la sentencia pero deben acatarla», expresó el portavoz del Ejecutivo.
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En la vereda de al frente, la molestia era evidente. Pese a que dijo que acatarán la decisión del TC, el presidente de la UDI, Hernán Larraín consideró que el fallo es «absurdo», ya que a su juicio «contradice la jurisprudencia del tribunal». Respecto al argumento de que los requerimientos fueron presentados fuera de plazo, el senador subrayó que eso es «imposible».
Junto con ello, el senador advirtió que con este escenario se producirá un proceso de judialización en las relaciones laborales, esto debido a que los trabajadores no sindicalizados tendrán más dificultades para buscar acuerdos con sus empleadores, debido a la situación en la que quedan los grupos negociadores.
«Es tiempo de que el Gobierno se dé cuenta de que él tiene la responsabilidad de evitar la judialización a través de normas que permitan que los trabajadores no afiliados puedan negociar colectivamente», expresó el parlamentaria de Chile Vamos.
Desde el sector empresarial también hubo reacciones a la decisión del TC. Ricardo Mewes, presidente Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (CNC), sostuvo que «con este fallo no gana nadie, sino que estamos frente a una ley que, para nuestro gusto, queda incompleta».
Coincidiendo con el presidente de la UDI, el dirigente gremial apunta a que los conflctos laborales que se produzcan terminarán en la justicia «y eso le hace mal a los trabajadores, eso le hace mal a la empresa».
DP/PCP
