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Pablo Contreras Pérez
– Dada la crisis de confianza que existe ¿por qué la gente ahora sí debiera creer en que esta nueva ley de libre competencia la va a proteger como consumidor?
Es importante hacer un recuento de lo que ha sido el trabajo de la Fiscalía Nacional Económica (FNE) en la detección de ilícitos anticompetitivos. El año 2009 se le entregaron recién facultades como interceptar llamado telefónicos o requisar computadores. A partir de ello ¿qué es lo que hemos tenido? Una detección muy significativa de carteles. O sea, la institucionalidad de libre competencia ha demostrado funcionar.
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Ahora necesitamos avanzar en que las sanciones sean ejemplificadoras. A modo de ejemplo, el caso de los pollos: el beneficio económico que obtuvieron las empresas que se coludieron estuvo en torno a los US$1.500 millones y cuánto pagaron en multas, alrededor de US$55 millones, es decir, coludirse era un negocio. Con la nueva ley hacemos que deje de serlo; en ese caso de los pollos, las nuevas multas pueden llegar a US$3 mil millones (…) además se instalan penas de cárcel para quienes se coluden y afecten gravemente a los consumidores.
– ¿Cuáles son los mecanismos que esta ley establece para que los consumidores sean compensados en caso de colusión?
Lo que estamos haciendo con esta ley es agilizar la posibilidad de que las víctimas sean indemnizadas por el perjuicio que se les cause. Hoy, una vez que falla el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (Tdlc), el consumidor que quiere recibir una indemnización, tiene que ir a un tribunal civil, donde se inicia toda una nueva causa y ese proceso toma mucho tiempo.
Lo que nosotros hemos hecho en la ley es permitir que sea el Tdlc quien resuelva sobre las indemnizaciones. O sea, el mismo tribunal que ya conoce la causa y que falló del caso el que con todos estos antecedentes, sea el que defina las indemnizaciones para los consumidores. Con esto logramos que un tribunal especializado sea el que determine el daño causado y tener un procedimiento más expedito.
– Esto de las compensaciones tiene una complejidad: el demostrar que uno fue afectado. Nadie guarda las boletas mucho tiempo…
Va a tener que ser precisamente el Tdlc el que vaya determinando de mejor forma, primero, cuál fue el daño causado respecto del monto total; en segundo lugar, cómo identificar a quiénes se vieron afectados, esa es una tarea muy compleja, no voy a decir que es algo que el proyecto de ley resuelva.
-Esta ley estipula que sólo la primera empresa que se autodenuncie no va a tener sanción ¿pero no va a eludir las eventuales compensaciones que se fijen?
El mecanismo de la delación compensada, han sido eficaz en la evidencia internacional para desbaratar carteles.
En este mecanismo lo que se exime al primer delator al que se autodenuncia, de la multa y de la pena de cárcel, de manera que actúe como un incentivo muy fuerte para autodelatarse, pero eso no lo exime de las indemnizaciones a los consumidores
– ¿Y qué rol va a cumplir el Sernac en esta nueva legislación? ¿Se podría esperar una coordinación con la FNE?
Es bueno recordar que nosotros tenemos otro proyecto de ley en el Congreso de fortalecimiento del Sernac donde se le da atribuciones que hoy no tiene, por ejemplo, fiscalizar o fijar multas.
El Sernac tiene, en muchos casos, información que puede ser útil respecto del funcionamiento de cuáles son los mercados que uno debiese estar mirando y analizando. Existe mucho espacio para una buena coordinación de todas las instituciones que operan para que los mercados funciones correctamente.
– Esta ley le entrega la exclusividad a la FNE para la persecución penal de la colusión ¿en qué pie queda el Ministerio Público en este caso?
Es muy importante señalar acá que la FNE es la entidad persecutora que nos parece es la más idónea para ser titular de la acción penal y perseguir los delitos de colusión; es el organismo técnico que tiene todos los antecedentes (…) que tiene la mejor condición para iniciar esa querella.
En el Congreso se trabajó arduamente para poder asegurar una adecuada colaboración entre la FNE y el Ministerio Público, porque recordemos que lo que entregó esta ley es la exclusividad al fiscal nacional económico de querellarse, pero una vez que se querella, la investigación va y corre por parte del Ministerio Público.
