Con el objetivo de establecer un «umbral mínimo de inclusión tanto en el mundo público como privado», el Gobierno envió una indicación a la Ley de Inclusión Social de Personas con Discapacidad.
La Presidenta Bachelet explicó que el proyecto «apunta a eliminar cualquier tipo de discriminación para los trabajadores con discapacidad sobre la base de una cultura de respeto a la diversidad y sobre la base del concepto de trabajo decente».
Es así como el proyecto obligará a organismos públicos, civiles y militares, además de las empresas privadas (con más de 200 trabajadores) a que el 1% de la dotación de trabajadores tenga algún tipo de discapacidad o reciba pensión de invalidez.
Además, la indicación consagra el principio de equidad remuneracional, eliminando las normas sobre ingreso mínimo en estos casos.
