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El gobierno turco insistió hoy en que el debate sobre la reintrodución de la pena de muerte es una cuestión nacional y que no le preocupan las posibles reacciones de la Unión Europea (UE) o que esa decisión pudiera bloquear la entrada del país en el grupo comunitario.
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«No trabajamos en eso pensando en como reaccionaría la UE, sino como un Estado de derecho», afirmó el ministro de Justicia, Bekir Bozdag, en una entrevista con la emisora CNNTürk.
El ministro volvió a recordar que, tras el fallido golpe de Estado del pasado viernes, ha habido manifestaciones masivas en las que la gente ha pedido la reintrodución de la pena capital, abolida definitivamente en 2004, para los golpistas.
Bozdag rechazó las advertencias formuladas desde Bruselas de que ningún país que ejecuta sentencias de muerte puede entrar en la UE.
«Hemos regulado la pena de muerte. Incluso añadimos un artículo a la Constitución diciendo que no podría ser reintroducida. ¿Nos aceptaron en la UE? No. Siempre encuentran una razón para no aceptarnos. No tendrán problemas para encontrar una excusa para mantenernos fuera», dijo el ministro.
Por ello, aseguró, el Ejecutivo no tendrá en cuenta las consideraciones de la UE pero sí «los intereses del Estado y de la nación».
Bozdag también informó de que se han enviado hoy las evidencias solicitadas por Estados Unidos sobre la petición de detención y extradición de Fetullah Gülen, un clérigo islamista que vive en ese país desde 1999 y al que Ankara acusa de organizar la asonada.
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Además, el ministro dijo que el Gobierno quiere usar al mínimo el recurso de los decretos-ley que le permite el estado de emergencia que comenzó ayer.
Uno de los casos en los que se usará es para ampliar, en un primer paso, a siete u ocho días (desde los cuatro actuales) el tiempo que una persona puede estar detenida antes de ser enviada al juez.
Desde el sábado pasado, más de 11.000 personas han sido arrestadas, entre ellas más de 6.000 militares y 750 jueces y fiscales, que van pasando en su mayoría a prisión preventiva, conforme comparecen ante el juez.
También han sido suspendidos de sus cargos unos 28.000 funcionarios turcos, 21.000 de ellos empleados del Ministerio de Educación, a lo que se añaden 21.000 docentes de la enseñanza privada a los que se les ha retirado la licencia, por lo que el número de personas en repentino estado de desempleo llega a las 55.000.
Todas estas medidas, junto a la dimisión forzada de todos los decanos de facultades, la prohibición de viajar al extranjero que rige para todos los funcionarios y todo el personal universitario, se han implementaron antes de declararse el estado de emergencia.
PUB/IAM
