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Los parlamentarios críticos de la gestión de la ministra de Justicia, Javiera Blanco, buscan llegar a un acuerdo para evitar la inédita presentación en la Cámara de Diputados de dos acusaciones constitucionales para destituir a la secretaria de Estado.
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Una es la confirmada por RN, la UDI y Evópoli, y la otra es la anunciada durante la interpelación a la ministra Blanco por el diputado independiente (ex DC) René Saffirio.
Al respecto, Saffirio afirmó que trabaja junto a su equipo de asesores «en la elaboración de una acusación constitucional en que el eje central es la necesidad de avanzar en la temática de la infancia».
A su juicio, la acusación preparada por los parlamentarios de Chile Vamos «no está motivada por las mismas razones y de alguna manera lo que busca es, a partir de la crisis del Sename, propinar una derrota política al Gobierno».
«Si hay dos acusaciones, habrá dos acusaciones y la Cámara tendrá que pronunciarse respecto de ambas», remató el parlamentario.
El parlamentario independiente espera reunir las 10 firmas necesarias para presentar la acusación constitucional entre sus colegas de bancada y, si le faltan, solicitarlas a sus pares de la oposición que se han identificado con los problemas de la infancia.
En Chile Vamos ya comenzaron, al menos informalmente, las conversaciones con Saffirio para llegar a un acuerdo sobre los fundamentos de la acusación y presentar una sola y cederle al ex DC la responsabilidad de sostenerla en la sala de la Cámara Baja.
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El jefe de bancada de la UDI, Juan Antonio Coloma Álamos, afirmó que «tenemos que trabajar en la redacción de la acusación constitucional y después veremos quién la tenga que defender» y apuntó que «si se dan dos acusaciones constitucionales vendría a reflejar la tremenda crisis que hay en el Ministerio de Justicia».
En tanto, el presidente de RN, diputado Cristián Moncekebrg, sostuvo que «es bien absurdo presentar dos o tres acusaciones constitucionales, cuando son medidas extremas», y añadió que «no se trata de quién lleva el pandero ni quién se lleva los aplausos».
En la Nueva Mayoría, el jefe de la bancada DC, Fuad Chahín, sólo comentó que «sería absolutamente incomprensible que algún parlamentario de la Nueva Mayoría pueda respaldar un acto de esta naturaleza».
La acusación constitucional se activa con la firma de al menos 10 diputados y no más de 20 y su pertinencia tiene que ser analizada por una comisión de cinco parlamentarios sorteada por la Cámara de Diputados y en la que no pueden participar los patrocinantes. Si es que se concreta la destitución de la ministra, su veredicto debe ser revisado por el Senado.
PUB/CM
