0 of 3
Un juez argentino levantó este viernes la orden de detención que pesaba sobre la líder de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini, a cambio que en los próximos días preste declaración indagatoria en una causa de supuesto desvío de fondos públicos.
PUBLICIDAD
El caso, que el jueves volvió a profundizar la grieta política que polariza a los argentinos entre seguidores o adversarios de la gestión peronista de centro-izquierda de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015), parecía bajar el tono con una resolución negociada entre el abogado de Bonafini, Juan Manuel Morente y el juez Marcelo Martínez de Giorgi, confirmó una fuente del juzgado.
El abogado de Bonafini señaló que había «predisposición de las partes» para alcanzar un acuerdo que contemplaría que se presenten certificados médicos de la activista de 87 años y que se le tome declaración en su vivienda.
Bonafini se ha mostrado retadora y lanzó que el juez Martínez de Giorgi «no tiene huevos para moverse contra los que de verdad se tiene que mover. Se la agarró con un grupo de viejas que estamos más cerca del arpa que de la guitarra», dijo la activista a radio Del Plata.
«Se la agarró conmigo, que se meta con los que roban pero no con las Madres», agregó.
Bonafini aseguró que seguirá con su vida normal y este viernes viajó a la ciudad de Mar del Plata, 400 km al sur de Buenos Aires, para participar de un congreso de comunicación.
Con decenas de seguidores en las puertas de la sede de la organización humanitaria Madres de Plaza de Mayo, Bonafini subió sonriente a una camioneta para iniciar su viaje.
PUBLICIDAD
Por la mañana, el juez había advertido que Bonafini podía «ser detenida en cualquier momento y en cualquier lugar» y que incluso tenía prohibición de salida del país.
Bonafini se negó el jueves por segunda vez en un mes a presentarse a una indagatoria ante el magistrado, que investiga un caso de defraudación a la administración pública en un plan social paralizado en 2011 por las denuncias.
Martínez de Giorgi investiga ese presunto delito en la construcción de viviendas sociales del programa Sueños Compartidos de las Madres de Plaza de Mayo, financiado por el Estado durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner (2003-2015).
Tras esquivar a las fuerzas policiales que fueron a allanar la sede de Madres, a 200 metros del Congreso, para detenerla, Bonafini participó el jueves de la habitual marcha de la organización humanitaria en la Plaza de Mayo.
Fue la ronda número 2.000 desde que en 1977 unas mujeres comenzaron a reclamar por sus hijos desaparecidos en plena dictadura (1976-83).
Grieta política
«No vamos a dejar que avancen sobre nosotros». «Nos quieren hacer desaparecer», dijo Bonafini ante sus seguidores, entre los que figuraron varios exministros y exfuncionarios del gobierno de Cristina Kirchner (2007-2015), que acompañaron a este ‘símbolo’ que divide a la sociedad argentina entre amores y odios hacia su figura.
Un abogado denunció este viernes por encubrimiento a varios de esos dirigentes kirchneristas, hoy legisladores, afirmó Martínez de Giorgi.
De su parte, el jefe de gabinete del presidente Mauricio Macri, Marcos Peña, consideró que conductas como las de Bonafini «tienen que ver con el final de la sensación de impunidad». Enmarcó su negativa a declarar ante la Justicia en una «reacción de gente que se había acostumbrado a estar más allá de la ley».
El Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel aseguró de su lado que «ante la ley somos todos iguales», pero consideró «un escándalo» lo ocurrido el jueves y dijo que el juez debió haber tomado la declaración de Bonafini en su vivienda.
«No se puede apoyar la corrupción provenga de quien provenga», dijo Pérez Esquivel.
Bonafini, cuyos dos hijos, Raúl y Jorge, así como su nuera están desaparecidos, recalcó que «siempre» sufrió «la misma ignominia, la misma indiferencia» por parte de la justicia y que por eso no irá a ningún tribunal.
Sobre este caso recalcó que se mantendría en su posición de no asistir a los tribunales.
«Yo ya dije todo lo que tenía que decir, ya mandé todo (la documentación) lo que tenía que mandar», insistió Bonafini al reafirmar -como falló un juez anterior- que son «víctimas» de la defraudación de ese proyecto social.
PUB/CM
