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El presidente filipino Rodrigo Duterte, sumido en una implacable lucha contra la droga, denunció este domingo públicamente a 160 jueces, alcaldes, legisladores, policías y militares, a quienes acusó de estar involucrados en el tráfico de sustancias.
«Mis órdenes son de disparar a matar. No me importan los derechos humanos. Créame. Me importa una mierda lo que digan. Esta guerra es contra las drogas y aquí tenemos una crisis», sostiene Duterte, según el diario The Philippine Star. «El disparar a matar se mantendrá hasta el último día de mi mandato», añadió.
Según el recuento de medios locales, entre 400 y 800 personas han muerto desde que Duterte ganara las elecciones el 9 de mayo e iniciara la guerra contra el crimen y la droga.
El día de su investidura el mes pasado, Duterte dio un discurso en el que llamó a los filipinos a hacer “justicia” por mano propia. “Si conocen a algún drogadicto, mátenlo ustedes mismos, ya que sería demasiado doloroso pedir que lo hagan sus padres”, pidió, y bromeó que por un capo de la droga pagaría “5 millones de pesos [filipinos, unos 107.000 dólares] si está muerto y 4.999.000 pesos si está vivo”.
Duterte obtuvo una mayoría electoral aplastante en las elecciones presidenciales de mayo, luego de una violenta campaña en la que prometió “llenar las funerarias de traficantes de drogas”.
Esta campaña presidencial ha recibido numerosas críticas por parte de organizaciones como la ONU, tanto por la elevada cifra de muertos, más de 800 desde las elecciones presidenciales del 9 de mayo, como por lo que consideran violaciones de derechos y libertades fundamentales.
El director ejecutivo la Oficina de las ONU contra la Droga y el Delito (Unodoc), Yury Fedotov, calificó la campaña presidencial como una «violación de derechos y libertades fundamentales».
Pese a las críticas Duterte goza de una enorme popularidad en Filipinas, donde las encuestas le conceden una aprobación del 91%, la puntuación más alta recibida jamás por un jefe de Estado filipino.
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