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El Contralor General, Jorge Bermúdez, ordenó a la División de Previsión de Carabineros (Dipreca) iniciar el trámite de invalidación de las pensiones de 11 funcionarios de Gendarmería, incluida la de la ex esposa del presidente de la Cámara de Diputados, Osvaldo Andrade, Myriam Olate.
«Esta medida es el resultado de la primera etapa de revisión de las asignaciones que sirvieron de base a las pensiones cursadas por sobre el tope de imponibilidad de 60 UF establecido por la ley», anunció la Contraloría.
El comunicado agrega que «el 20 de abril de este año el Contralor General ya había ordenado paralizar la aprobación de pensiones superiores a dicho límite de 60 UF y, a continuación, ordenó revisar en detalle la legalidad de todos los componentes de las pensiones que se hubieren aprobado erróneamente con anterioridad a esa fecha».
El caso más destacado sobre las elevadas pensiones ha sido la de Myriam Olate, quien se desempeñó como ex subdirectora técnica de Gendarmería, y que recibía una jubilación de más de $5 millones de pesos.
Según el informe de Contraloría, se determinó que existió un «vicio administrativo» en el cálculo de la ex esposa del diputado Andrade, al no haber considerado el «límitie de imponibilidad de sesenta unidades de fomento».
El documento afirma que «una vez que la autoridad de oficio o a petición de una parte constate la presencia de un vicio en la dictación de un acto administrativo, se encuentra en el imperativo de invalidarlo (…) con el própósito de restablecer el orden jurídico quebrantado por una decisión contraria a derecho».
Las otras pensiones que se invalidaron son de los ex funcionarios Óscar Garcés, Edita Ana Cortés, Víctor Pereira, Juan Carlos Estay, Nelson Villarroel, Gladys Ramírez, Jenny del Carmen Soto, Hernán Molina, Ingrid Fuchser y Hernán Ayala.