Nacional

Congreso despacha Ley de Aportes al Espacio Público

Proyectos inmobiliarios públicos y privados deberán mitigar los impactos urbanos que generan en su entorno.



 

Durante la jornada de ayer, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, iniciativa ampliamente apoyada por parlamentarios de las comisiones de vivienda de ambas cámaras.

La ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paulina Saball, explicó que desde su tramitación en la comisión de Vivienda del Senado, el proyecto “estuvo acompañado de un amplio debate con todos los actores involucrados y generamos múltiples audiencias que posibilitaron incorporar adecuaciones y simplificaciones que robustecieron la iniciativa”, la que a su juicio supone “una de las modificaciones más profundas a la legislación urbana, ya que los proyectos van a tener una inserción mucho más armónica en el entorno próximo, desde su accesibilidad y gestión de tránsito”.

El proyecto, que deberá cumplir con su último trámite en el Tribunal Constitucional previo a su promulgación, establece que los proyectos inmobiliarios (públicos y privados) mitiguen los impactos urbanos que generan en su entorno directo a través de un sistema expedito y transparente, y que los proyectos inmobiliarios por densificación (en altura) cumplan con la obligación de ceder terrenos para vialidad, equipamiento y áreas verdes, establecida en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a través de un mecanismo alternativo.

La secretaria de Estado explicó que el proyecto de ley ha sido formulado en base a cuatro criterios: universalidad, que incluye a todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados; proporcionalidad, para que las mitigaciones sean equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto; predictibilidad, calculando las mitigaciones según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados; y, gradualidad, para que el sistema, tanto de mitigaciones directas como de aportes, sólo comience a operar 18 meses después que se publique el reglamento de la ley.

“La discusión, tanto en general como en particular, ha sido muy seria, rigurosa y estuvo abierta para escuchar todos los puntos de vista, lo que permitió aunar voluntades para generar un proyecto que es fruto de un trabajo colaborativo, amplio y diverso; que está en el corazón de la equidad urbana y que incide directamente en la calidad de vida de nuestras ciudades, donde viven más del 87% de chilenos y chilenas”, explicó la ministra Saball.

Junto con celebrar la iniciativa, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostuvo que “esta es la reforma a la planificación urbana más relevante en cuarenta años. No solo hará más justa e integral la planificación urbana, igualando derechos con deberes, sino que posibilitará una nueva etapa de cooperación entre los sectores público y privado y la sociedad civil, para garantizar un desarrollo urbano más sustentable”.

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