Durante la jornada de ayer, el Congreso Nacional despachó el proyecto de ley que modifica la Ley General de Urbanismo y Construcciones y leyes complementarias, para establecer un sistema de aportes al espacio público aplicable a los proyectos de construcción, iniciativa ampliamente apoyada por parlamentarios de las comisiones de vivienda de ambas cámaras.
La ministra de Vivienda y Urbanismo (Minvu), Paulina Saball, explicó que desde su tramitación en la comisión de Vivienda del Senado, el proyecto “estuvo acompañado de un amplio debate con todos los actores involucrados y generamos múltiples audiencias que posibilitaron incorporar adecuaciones y simplificaciones que robustecieron la iniciativa”, la que a su juicio supone “una de las modificaciones más profundas a la legislación urbana, ya que los proyectos van a tener una inserción mucho más armónica en el entorno próximo, desde su accesibilidad y gestión de tránsito”.
El proyecto, que deberá cumplir con su último trámite en el Tribunal Constitucional previo a su promulgación, establece que los proyectos inmobiliarios (públicos y privados) mitiguen los impactos urbanos que generan en su entorno directo a través de un sistema expedito y transparente, y que los proyectos inmobiliarios por densificación (en altura) cumplan con la obligación de ceder terrenos para vialidad, equipamiento y áreas verdes, establecida en el artículo 70 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones, a través de un mecanismo alternativo.
La secretaria de Estado explicó que el proyecto de ley ha sido formulado en base a cuatro criterios: universalidad, que incluye a todos los proyectos inmobiliarios públicos y privados; proporcionalidad, para que las mitigaciones sean equivalentes a las externalidades generadas por el proyecto; predictibilidad, calculando las mitigaciones según métodos objetivos y en base a procedimientos y plazos predefinidos y estandarizados; y, gradualidad, para que el sistema, tanto de mitigaciones directas como de aportes, sólo comience a operar 18 meses después que se publique el reglamento de la ley.
“La discusión, tanto en general como en particular, ha sido muy seria, rigurosa y estuvo abierta para escuchar todos los puntos de vista, lo que permitió aunar voluntades para generar un proyecto que es fruto de un trabajo colaborativo, amplio y diverso; que está en el corazón de la equidad urbana y que incide directamente en la calidad de vida de nuestras ciudades, donde viven más del 87% de chilenos y chilenas”, explicó la ministra Saball.
Junto con celebrar la iniciativa, el presidente del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, Luis Eduardo Bresciani, sostuvo que “esta es la reforma a la planificación urbana más relevante en cuarenta años. No solo hará más justa e integral la planificación urbana, igualando derechos con deberes, sino que posibilitará una nueva etapa de cooperación entre los sectores público y privado y la sociedad civil, para garantizar un desarrollo urbano más sustentable”.
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