Pablo Contreras Pérez
Es una de las principales medidas anunciadas por la Presidenta Bachelet y una de las más comentadas por los especialistas: elevar la tasa de cotización obligatoria para así aumentar el ahorro y elevar las pensiones.
Claro que la propuesta del Gobierno es que este aumento sea a cargo del empleador: es decir, de aprobarse la medida, en el futuro usted seguirá cotizando un 10%, pero la empresa o entidad donde trabaja será la que tendrá que poner ese 5% más.
Esto alertó a algunos especialistas quienes ponen un manto de duda e incertidumbre respecto a lo que podría generar esto.
«Es un impuesto al trabajo por donde se lo mire», sentencia Alejandro Urzúa, economista y académico de la Universidad Andrés Bello.
«Desde el punto de vista del empleador, cuando se habla del costo del trabajador, no se habla de valores líquidos, sino que de costos totales, costo empresa y obviamente si yo estoy aumentando un aporte hacia la jubilación del trabajador, estás aumentando el costo de cada uno de los trabajadores».
Algo en lo que coincide Francisco Aravena, economista del Centro de Economía Aplicada de la Universidad San Sebastián (USS), quien apunta a que «si yo llego y subo el costo de contratación en el mercado laboral, debiera quizás existir un efecto en el empleo (… ) la demanda por trabajadores va a tender a disminuir», afirma.
Por el contrario, y coincidiendo con el ministro de Hacienda, el economista David Bravo, quien encabezó la última comisión presidencial que trató el tema previsional pone paños fríos. A su juicio, algo así sucedería «si estos se hiciera de manera brusca», por ello destaca que el anuncio de esta medida incluya una gradualidad de 10 años.
«Medio punto porcentual por año a mi juicio es compatible con un aumento gradual que aminore lo más posible el impacto negativo que podría tener sobre el mercado laboral», sostiene el director del Centro de Encuestas Longitudinales de la Universidad Católica.
Eventuales consecuencias
Pese a ello, Urzúa subraya que hay riesgos puntuales que pueden identificarse aquí. «A la larga, de alguna manera también se afecta al trabajador, con la ralentización de posibles reajustes salariales», es decir, que los sueldos aumenten de manera más lenta, advierte.
Asimismo apunta a que al eventualmente elevarse el costo para contratar trabajadores, los jóvenes, las mujeres y la tercera edad serían los más perjudicados, ya que son ellos quienes históricamente han tenido más problemas para insertarse al mercado laboral.
Una posición distinta expresa Bravo, apelando nuevamente a la gradualidad con la que se aplicaría la medida. «Es lo suficientemente gradual como para que pueda asimilarse adecuadamente sin tener ese costo» y da tiempo para que las empresas se puedan adaptar. Además recuerda que cuando se estableció la cotización del empleador para el seguro de cesantía, también se planteó, por lo que respecto de esta discusión, el economista apunta a que «es esperable que venga».
