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El Senado brasileño aprobó en la madrugada del miércoles someter a la presidenta Dilma Rousseff a un juicio de destitución y dejó su mandato a una votación de terminar abruptamente y bajarle el telón a más de 13 años de la izquierda en el poder.
Tras más de 15 horas de debate, los senadores dieron un fuerte respaldo al impeachment de la primera mujer en presidir Brasil, suspendida desde el 12 de mayo acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso.
Los cargos, considerados «crímenes de responsabilidad» que son castigados con la pérdida de la presidencia, tuvieron 59 votos a favor y 21 en contra, un resultado holgado que preanuncia un escenario difícil para Rousseff, según confiaron senadores a la AFP.
Fueron cuatro votos más que cuando el proceso fue admitido para ser analizado y cinco más que la mayoría especial de dos tercios (54) necesarios para la destitución definitiva.
«Demuestra una expresiva mayoría e indica que en este proceso tan discutido en el Senado ya hay una posición definida. Es muy difícil que haya algún hecho que pueda cambiar esto», dijo el senador Romero Jucá, tras la votación.
Jucá, del partido de centro-derecha PMDB que conduce el vicepresidente Michel Temer que sucedió transitoriamente a Rousseff y se convirtió en su principal enemigo político, aseguró que la presidenta perderá su cargo entre el 28 y el 29 de agosto.
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«El lado correcto de la historia»
«Es culpable por acción u omisión», había dicho horas antes durante su discurso Miguel Reale, uno de los juristas que suscribió el pedido de impeachment y que representó la parte acusadora durante la sesión.
La defensa, en manos del exministro de Justicia José Eduardo Cardozo, pidió la absolución de la presidenta y cuestionó el potencial castigo de la pérdida del mandato: «Un presidente de la República solo puede ser separado de su cargo si hay un atentado contra la Constitución. Debe ser un crimen mayor».
Cardozo dijo «estar del lado correcto de la historia».
Con los Juegos Olímpicos de Rio-2016 capturando la atención de los brasileños que por primera vez tienen a la élite del deporte mundial en sus tierras, la sesión tuvo un tono intenso y pletórico de metáforas vinculadas a la competencia.
Aún resonaban los discursos en el recinto antes de la votación, cuando la leyenda de la natación mundial Michael Phelps ganó dos medallas de oro y subió su colección personal a 21 preseas doradas.
Rousseff debió salir del Palacio de Planalto el 12 de mayor sumergida en niveles mínimos de popularidad.
Denuncia ser víctima de un «golpe parlamentario» y ahora solo dispone de una oportunidad más, la fase final del juicio, para evitar su debacle y la del Partido de los Trabajadores fundado por Luiz Inácio Lula da Silva hace más de treinta años.
Los hombres de Temer afirman por su parte que es un caso juzgado y que en la instancia definitiva podrían sumar más apoyos.
Esa instancia empezará cuatro días después de la ceremonia de clausura de los Juegos y se extenderá por cinco días. En caso de ser sentenciada, Rousseff quedará inhabilitada para ejercer cargos públicos por ocho años.
«Lamento que el Senado esté escribiendo una de las páginas más tristes de su historia, hiriendo de muerte a la democracia», dijo lacónicamente el senador Jorge Viana, del PT, al cerrar su presentación.
Presidente interino, en ejercicio
Rousseff, una exguerrillera marxista de 68 años, sostiene que Temer orquestó el «golpe».
A sus 75 años, este abogado constitucionalista decidió que su partido abandone la coalición de gobierno que formaba con el PT para liderar un frente en favor de la destitución que le asegure la presidencia hasta el 31 de diciembre del 2018, cuando debía terminar el mandato de Rousseff.
Llamado «presidente en ejercicio» o «presidente interino», Temer pidió acelerar el impeachment porque la gente «necesita saber quién es el presidente» y planea asistir a la cumbre del G20 en China, a inicios de setiembre, sin tener que cargar adjetivos adicionales a su función.
El gobierno de Rousseff, que inició su segundo mandato en 2015 y debe entregar el poder el 1 de enero de 2019, se astilló por una recesión económica feroz y las acusaciones de corrupción que lo vincularon a una inmensa red de sobornos en la estatal Petrobras.
Recluida en la residencia presidencial, la mandataria dijo que publicará una carta donde se comprometerá a convocar un plebiscito para que los ciudadanos decidan si quieren adelantar elecciones.
«Vamos a convocar una elección general para dar una salida a la crisis política. Eso es coraje, osadía. Sacar a una presidenta no lo es (…). Hipócritas, hipócritas, hipócritas», dijo la senadora Gleisi Hoffmann, una de las espadas del PT en el Senado.
Para Jucá, es ficción política.
Entre la batería de último minuto que busca defender su mandato, el equipo legal de Rousseff analiza recurrir ante la corte suprema y legisladores del PT dijeron que habían hecho una presentación ante la OEA denunciando la situación en Brasil.
Si pierde el poder, Rousseff se convertirá en el segundo jefe de Estado en caer a manos del Congreso en 24 años. El anterior fue el hoy senador Fernando Collor se pronunció en favor de la destitución.
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