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La abogada Manuela Royo dio a conocer supuestas presiones políticas y responsabilizó a sectores de derecha como responsables de su remoción como defensora pública en el caso que investiga la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en 2013, hecho por el que once comuneros mapuches se encuentran imputados como responsables del hecho.
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«Lamento profundamente la decisión de la Defensoría, toda vez que no corresponde a incumplimientos técnicos, sino más bien a presiones políticas de un sector de la derecha», afirmó en conversación con Publimetro.
Royo indicó que los diputados de Renovación Nacional (RN) emitieron un oficio en que se pide al defensor nacional, Andrés Mahnke, su remoción del caso, así como la existencia de presiones del senador por La Araucanía Alberto Espina (RN), y del diputado Gustavo Hasbún (UDI).
«Una defensa es siempre una defensa técnica, mi trabajo ha sido respaldar a mis representados, que se desvinculé a una defensora por presiones políticas es una muy mala señal», indicó.
Además, acusó a la intendencia regional de buscar su salida, pese a que son parte en la causa como querellantes.
«En un sistema democrático quienes sean parte de un caso no pueden presionar, ya que vulneran el derecho a la defensa que tenemos todos los seres humanos», agregó.
Con relación a su participación en el vídeo en que organizaciones mapuches cuestionaban la imparcialidad del fiscal Alberto Chiffelle, Royo declaró que al ser defensora no pierde sus derechos como ciudadana, y aseguró no haber dicho nada «que no hayamos dicho en audiencia y a la prensa». «Fundamenté mis opiniones en una denuncia por la parcialidad en que la Fiscalía tomaba sus decisiones», expresó.
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«Aquí lo grave no es mi persona, lo grave es que hay personas imputadas de libertad injustamente. De quienes no hay absolutamente ninguna prueba directa de su participación. Salvo la declaración de un testigo que luego pasó a imputado y se retracto de sus dichos acusando presiones», detalló.
De igual forma, la defensora indicó que continuará en la causa, ya que «de acuerdo a la ley de Defensoría, el único que puede romper la relación es el mismo imputado». Ratificó que mantiene «el patrocinio de los comuneros» y una «relación de confianza» con sus representados.
PUB/SVM
