Cuando un niño es maltratado, abusado sexualmente, obligado a mendigar o puesto en peligro por uno, ambos padres o un pariente, el Estado -en representación de todos nosotros y con nuestros impuestos- lo aleja de quienes vulneraban sus derechos para hacerse cargo de su cuidado.
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Es decir, el Estado asume un rol paternal o maternal para asegurar y mejorar la infancia de los niños cuyos padres o familia, fallaron o faltaron. Pero a cientos de niños chilenos no sólo les falló su mamá o papá, también el Estado que les prometió una vida mejor. Sí, porque el Estado no es un ente abstracto superior y casi perfecto que vela por nuestro bien, sino simplemente un conjunto de personas con poder.
Rechel Contreras (10 años) y Lissette Villa (11 años) eran de aquellos menores a cuyo cuidado estaba el Estado. Aunque eran sólo unas niñitas ya habían sufrido muchas de las amarguras y dolores que la mayoría de nosotros experimentamos bastantes años después. Los golpes de la vida las llevaron a vivir en los centros del Sename, la institución cuya misión es “contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados…”.
Sin embargo, ambas murieron este año en extrañas circunstancias que investigan los tribunales. Sus muertes, que pudieron pasar inadvertidas como otras tantas, nos mostraron uno de los peores abusos concebibles: el que comete el poderoso Estado contra un débil niño.
Frecuentemente nos indignamos por abusos de todo tipo, mientras otros salen a la calle a marchar por las causas que consideran justas. Pero, ¿habrá un abuso más indignante que atropellar la infancia y los derechos de un niño o niña? ¿Habrá una causa más justa por la cual marchar que el derecho a crecer normalmente de un niño o niña? No obstante, poca indignación o marchas provocan los abusos en el Sename.
Poca indignación genera, por ejemplo, la incapacidad del Estado de responder sobre cuántos niños han muerto bajo su “protección”. ¿Ha sabido de alguna marcha a favor del millón de niños chilenos que viven en la pobreza? ¿O alguna que exija que el Estado aumente el presupuesto para los niños del Sename en lugar de pagar estudios universitarios?
Hace más de 4 años que se tramita en el Congreso un proyecto de ley (boletín Nº 8487-07) que dividía al Sename y creaba un Servicio Nacional de Protección de la Infancia y Adolescencia, que dependería del Ministerio de Desarrollo Social, y un Servicio Nacional de Responsabilidad Adolescente bajo la dependencia del Ministerio de Justicia.
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Según el proyecto presentado por el gobierno anterior, el primer nuevo organismo permitiría dar una atención y protección más especializada y profesional a los menores que han sido vulnerados en sus derechos, además de coordinar los esfuerzos de promoción de los derechos de los niños y asumir las materias relativas a la adopción; mientras que el segundo se concentraría exclusivamente en las labores de administración de sanciones y rehabilitación de aquellos adolescentes que han infringido la ley, de manera de reinsertarlos a sus familias y la sociedad.
El proyecto se presentó el 2 de agosto de 2012 en el Congreso y no se ha movido desde entonces. ¿Por qué? ¿Porque lo presentó otro gobierno? ¿Eso es más importante que los derechos de los niños del Sename?
Parece que los menores del Sename son niños invisibles. Nadie los ve ni escucha porque nacen, viven y mueren bajo la sombra de los que gritan y marchan frente a las cámaras por sus derechos y privilegios.
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