Hernán Catrilaf Llaupe, Sabino Catrilaf Quidel y Sergio Catrilaf Catrilaf, imputados como autores por la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013, rechazaron la decisión de la Defensoría Penal Pública (DPP) de separar del caso a la defensora Manuela Royo y acusaron a la institución de estar «trabajando por un escenario condenatorio» en su contra.
«No aceptamos ningún otro abogado que no sea la profesional Manuela Royo Letelier, pues ella ha demostrado ser una abogada eficiente y perseverante en la defensa de nuestros legítimos derechos», afirman a través de un comunicado los comuneros.
Y agrega: «Por todo lo que hemos visto hasta ahora, la Defensoría Penal Pública ha demostrado que está trabajando para un escenario condenatorio a excepción de la profesional Manuela Royo».
La misiva cuestiona la autonomía de la DPP, a quienes acusan de «confabular con el Ministerio del Interior para ponerse al servicio de los gremios».
«No importa los cafés que se tome el Defensor Nacional con el señor (subsecretario del Interior) Mahmud Aleuy para confabular en nuestra contra», afirman.
«Cuando nuestra supuesta defensa es dominada por los querellantes para proteger a una Fiscalía rascista, y cuando los que nos acusan eligen a quienes nos tienen que defender se están violando nuestros derechos humanos y los derechos de todo un Pueblo Nación», señala.
La Defensoría Penal Pública revocó este viernes la designación de Royo como defensora pública en el caso Luchsinger al considerar que «sus actuaciones públicas recientes se desapegan de las políticas y prácticas institucionales que define la ley y atentan contra el ejercicio legal del derecho a la defensa que le cabe a cualquier imputado». Esto, luego que la abogada participara de un video en que organizaciones mapuches cuestionaban la parcialidad del fiscal Alberto Chiffelle.
En conversación con Publimetro, la abogada acusó presiones para apartarla del caso de parlamentarios de derecha y de la Intendencia Regional de La Araucanía.
Además, aseguró que se mantendrá como defensora privada de los tres imputados, al señalar que «el único que puede romper la relación es el mismo imputado».
Este viernes los comuneros fueron notificados por la DPP que en reemplazo de Royo se designó al abogado Sergio Cáceres Setien.
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