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Este miércoles, y tras varios intentos frustrados, el Ministerio Público decidió cerrar la investigación que pretende esclarecer las responsabilidades por el incendio que quitó la vida de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en Vilcún en enero de 2013, y por lo que once comuneros mapuches se encuentran formalizados desde el 30 de marzo.
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A partir de esta decisión, los querellantes tienen 10 días para presentar la acusación en contra de los imputados por el delito de incendio terrorista con resultado de muerte, lo que dará paso al respectivo juicio oral.
Durante el proceso, 10 de los 11 imputados se mantienen privados de libertad, incluso la machi Francisca Linconao a quien la Corte de Apelaciones revocó en dos oportunidades la disminución de la cautelar. En tanto José Peralino permanece con arresto domiciliario total.
En la audiencia de ayer los defensores plantearon un apercibimiento de cierre de investigación lo que no dejó a la Fiscalía otra opción que proceder al cierre de la misma. En todo caso, a fines de mayo el Ministerio Público ya había solicitado al tribunal el término del proceso, sin embargo, las defensas acusaron no poseer la totalidad de los antecedentes indagados por lo que la recopilación se extendió por segunda vez.
En conversación con Publimetro, querellantes y defensores se mostraron conformes con el término de este etapa.
«Se han mantenido las medidas cautelares solicitadas por esta Fiscalía en el transcurso de las diversas revisiones, por lo tanto, creemos que los antecedentes que comprueban la participación de estas personas en el ilícito son suficiente para vencer su presunción de inocencia y condenarlos», aseguró Roberto Garrido, vocero de la Fiscalía Regional de La Araucanía.
Esta posición no es compartida por Mario Quezada, jefe de estudios de la Defensoría Penal Pública, quien sostuvo que el caso presenta muchas debilidades e indicó que la posición del Ministerio Público se basa en la declaración de José Peralino, la que «no calza con lo ocurrido en el momento de los hechos».
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«La prueba base en esta causa es bastante débil, creemos que deberíamos tener buen resultado en un juicio oral», aseveró Quezada.
Al término de la audiencia, el sacerdote Fernando Díaz señaló que Peralino, quien se retractó de una declaración inculpatoria inicial acusando presuntas presiones de las policías, habría acudido en diciembre de 2015 hasta la Defensoría Penal Mapuche para denunciar el hecho, sin embargo, no habría obtenido respuesta desde la entidad.
Al ser consultado, su abogado abogado defensor Pablo Ardouin negó tal situación.
PUB/SVM
