La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, suspendida de su cargo desde mayo, irá personalmente al Senado para defenderse durante el juicio de destitución que comenzará el 25 de agosto, dijo este miércoles su asesoría de prensa.
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«Ella va. Aún no tenemos la fecha», informó a la AFP un portavoz de la presidenta.
Acusada de haber violado la Constitución al autorizar gastos a espaldas del Congreso, el mandato de Rousseff tambalea. Derrotada holgadamente en todas las votaciones del proceso de destitución hasta ahora, hay un amplio consenso entre los senadores de que será destituida.
La duración de la etapa final del juicio aún debe ser definida por el presidente de la Corte suprema, Ricardo Lewandowski, que conducirá el proceso, pero se estima que durará entre cuatro y cinco días.
El presidente del Senado, Renan Calheiros, anticipó que la votación podría realizarse el 30 de agosto.
Consultada por el diario Folha de Sao Paulo acerca de si no temía actitudes agresivas de los senadores, Rousseff dijo: «nunca tuve miedo de eso. Aguanté tensiones bien mayores en mi vida. Es un ejercicio de democracia».
El martes, Rousseff, una economista que luchó contra la dictadura, fue encarcelada y torturada cuando militaba en una guerrilla marxista, hizo un agónico llamado al Senado en una carta abierta para que ponga fin al impeachment en nombre de la democracia y afirmó ser «inocente» de los cargos.
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Sumergida en la impopularidad, Rousseff es responsabilizada de la recesión económica que vive Brasil, la peor desde los años 30 si se corroboran las proyecciones oficiales, y por la avalancha de acusaciones de corrupción que golpean a su Partido de los Trabajadores (PT, izquierda), fundado por Luiz Inácio Lula da Silva.
Poco después de la divulgación de la carta, la Corte suprema de Justicia aceptó abrir la primera investigación formal sobre la mandataria para dilucidar si intentó obstaculizar la investigación del megafraude a la estatal Petrobras, que tiene en la mira a Lula y llevó a prisión al tesorero del PT, a varios directivos de la petrolera y a empresarios de las principales constructoras de Brasil.
PUB/AOS
