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Laureate cuestiona declaraciones de ministra Delpiano: “No tiene un sustento legal que la avale”

La ministra de Educación, Adriana Delpiano, días atrás afirmó que la empresa se basa en leyes que “tienen que ver con la inversión”, pero que “entran en colisión con leyes que el país tiene en materia de educación”.

El grupo Laureate, que reúne a cinco instituciones de educación superior en Chile, publicó el viernes un inserto para hacer frente a los cuestionamientos a los que ha sido sometido por la forma en la que organiza sus actividades en el país.

“A raíz de informaciones de prensa respecto al rol de Laureate en Chile, nos vemos en la obligación de aclarar distintos puntos para contribuir a un debate informado y desmentir afirmaciones que se alejan de la realidad”, dice el documento.

En la declaración, la entidad afirmó que el ingreso y operación de Laureate en Chile “fueron autorizados por el Estado a través de 6 contratos de inversión extranjera firmados con los diversos Gobiernos que se han sucedido desde el año 2001. A través de estos, Laureate especificó desde su primer momento su rol como miembro de las universidades en el país y como entidad que presta servicios educacionales a éstas”.

El grupo aseguró en su comunicado que “Laureate es una red educacional global que respeta la legislación vigente en cada país donde tiene presencia, lo que también aplica para Chile”.

Por otra parte, la firma se refirió a las declaraciones que ha emitido la ministra de Educación, Adriana Delpiano, quien días atrás afirmó que la empresa se basa en leyes que «tienen que ver con la inversión», pero que «entran en colisión con leyes que el país tiene en materia de educación».

Ante los dichos, Laureate rechazó “tajantemente las inapropiadas declaraciones formuladas por la Ministra de Educación, ya que de manera desinformada acusa a Laureate Chile de infringir la Ley sin tener un sustento legal que la avale”.

“Es grave que sea la Secretaria de Estado quien exprese un juicio de valor en contra de Laureate en momento que es el propio Ministerio quien lleva adelante indagaciones a universidades que integran la red educacional. La Ley exige que los organismos pertinentes realicen investigaciones serias e imparciales. Sus palabras atentan contra dicha imparcialidad y también contra el deber legal de reserva”. sentenció la firma.

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