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A sus 33 años, la abogada defensora de causas mapuches, Manuela Royo, se muestra sonriente y tranquila. Asume que le ha complicado la exposición de las últimas semanas, principalmente algunos comentarios machistas que se han difundido. Nos cuenta que se han inventado historias en su contra, principalmente aquellas que la vinculan a un ex imputado mapuche, lo que explicaría su actuar. «En este país una mujer no puede levantar la voz, enseguida creen que hay un hombre detrás», sostiene.
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Su separación de la Defensoría Penal Mapuche es algo que veía venir. No niega que le afectó, pero cree que el hilo se cortó por lo más delgado. Dice que la presión existente en torno al caso Luchsinger hacía presumible el desenlace. Pese a ello, asegura que no bajará los brazos por demostrar la inocencia de sus representados, en quienes cree. Pero sostiene que en torno a la causa hay otros intereses, no sólo buscar a los verdaderos responsables.
¿Estás arrepentida de participar en el video que aludía al fiscal Alberto Chifelle, y que llevó a tu salida dispuesta por la Defensoría?
-No estoy arrepentida. Toda la información que se vertió en dicho video es información que se debatió en audiencia y se divulgó por las vías normales. Lo que hice fue difundir la inquietudes de mis representados en un video casero que finalmente trascendió.
Culpa no voy a sentir, porque uno tiene un deber ético, un deber moral de respaldar las inquietudes, los derechos de quienes representamos. La responsabilidad la he asumido y esa es la consecuencia de mi alejamiento de la Defensoría.
¿Coincides con tus representados en que se estaría confabulando desde la Defensoría por una sentencia condenatoria?
-Entiendo lo que sienten. Creo que uno tiene que hacer el ejercicio de ponerse en el lugar de quienes son inocentes y están privados de libertad. Y uno se da cuenta que el jefe de quienes te acusan, como el subsecretario del Interior, Mahmud Aleuy, se reúne con el superior de quien depositaste la confianza, salen juntos y riéndose en los medios de comunicación, apoyándose mutuamente y tomando decisiones sobre quién te va a defender y quién no.
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¿Recibieron presiones para coartar la investigación?
-La intervención política no se ha suscitado con mi situación: es parte de una cadena de presiones políticas y que hoy salieron a la luz, pero no es nada nuevo a la situación que se ve en La Araucanía.
¿Cuál es tu relación con la causa mapuche?
-He trabajado en la defensa de los ríos libres presentando recursos de protección contra hidroeléctricas. He hecho investigaciones sobre derecho indígena, participé en causas en defensa de los niños y niñas mapuches. Entonces, siento que si bien existe una relación profesional con personas que he conocido por el trabajo, también ha sido mi trabajo un lazo con una cultura a la que he tenido el privilegio de conocer y acceder.
Conocer la realidad es importante para acabar con los prejuicios y así mirar al otro desde su realidad, en algo que deberíamos hacer todos quienes nos comprometemos en hacer un trabajo profesional sustentado en la ética y el conocimiento. En la búsqueda de una sociedad más igual para todos.
¿Crees que tu relación con la causa mapuche afectó tu trabajo en la Defensoría?
-En este caso, obviamente mi cercanía afectó mi relación con una institución, que si bien promulga que sin defensa no hay justicia, es una defensa muy condicionada por los intereses políticos y las presiones. Desde ahí mantengo una distancia y una diferencia ética importante.
¿Qué dirías a quienes creen que defiendes terroristas?
-Hay que conocer lo que está en la carpeta investigativa para darse cuenta que estas personas son inocentes y que lo que hay es sólo presiones e indicios, pero nada que los vincule con los hechos.
¿Mantienes tus críticas a la Fiscalía?
-Han realizado un trabajo bastante errático. Las indagaciones que se hacen son parciales hacia la condena de personas determinadas, siguen la misma línea investigativa siempre, replican patrones investigativos bastante deficientes y parciales, infringiendo el deber de objetividad que tiene el Ministerio Público. En cualquier juicio en que las víctimas no fueran mapuches, donde la única prueba es un testigo que además señala que lo que dijo no es efectivo, las personas jamás estarían privadas de libertad.
Crean una atmósfera de prejuicios, condenan por los medios de comunicaciones, pero en definitiva llegan a eso porque no se va a poder probar jamás que son personas vinculadas a una asociación ilícita con fines terroristas. Ni menos que tengan participación en este hecho. Criminalizan a personas que se destacan, que son autoridades y que representan algo en sus comunidades. Cuando privas de libertad a una machi, a un dirigente, no solamente afectas su libertad, sino la libertad de toda su comunidad. Creo que por ahí va el golpe.
Usted y otros defensores han denunciado intervención telefónica.
-Cuando accedimos a la carpeta investigativa había un informe con conversaciones entre determinados imputados y abogados. En mi caso, tenía varios intercambios. Esas conversaciones las transcribieron e incluso hay una conversación mía con un tercero que no era imputado, lo que da cuenta que me tenían el teléfono intervenido. Eso es impresentable y viola todos los derechos a la defensa, el secreto profesional y todas las garantías que uno pueda tener con su representado.
La jueza María Teresa Villagra acusó hostigamiento desde la Defensoría y a partir de eso se inhabilita. ¿Cómo explicas esta denuncia?
-Nunca existió hostigamiento. Me parece muy extraño que después de tres meses aparece argumentando esa situación. Es impresentable que un juez se niegue a tomar una causa apelando hostilidad cuando fue ella misma la que se recusó amistosamente.
PUB/SVM
