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Este martes se celebró una nueva audiencia en torno al caso que investiga la muerte de Werner Luchsinger y Vivianne Mackay en enero de 2013. En la oportunidad, el Juzgado de Garantía de Temuco revocó la prisión preventiva de Sergio Catrilaf Marilef, quien permanecerá desde hoy con arresto domiciliario total.
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En su decisión, el tribunal consideró que no existían «presupuestos materiales» respecto a la participación de este en el ataque incendiario al fundo Lumahue.
La abogada defensora, Manuela Royo, destacó la medida y sostuvo que «es un buen antecedente toda vez que es claro que no existe ningún peritaje, ningún interceptación, ninguna georreferenciación que acredite que mi representado estuvo en el lugar, salvo la declaración de José Peralino».
En conversación con Publimetro, Catrilaf, presidente de la Comunidad Juan Catrilaf II del sector Ñilquilco de la Comuna de Padre Las Casas, valoró su libertad y aseguró que esta medida significa «el inicio de la verdad» para quienes han sido responsabilizados por la muerte de la pareja.
«Desde un principio hemos planteado que todos los vinculados a esta causa eramos inocentes», aseveró.
El imputado criticó el actuar de la Fiscalía y lamentó que por ello «no se entregué una luz de justicia para la familia Luchsinger», asegurando que este caso ha sido sólo «una zarpa de mentiras y de injusticias. Porque aquí están tratando de llevar gente que no estuvo vinculada al hecho».
Por su parte, culminada la audiencia desde el Ministerio Público confirmaron que apelarán ante la Corte de Apelaciones la decisión del tribunal.
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El fiscal vocero de La Araucanía, Roberto Garrido, señaló que la decisión «a juicio del Ministerio Público no corresponde, así que se ejercerán los recursos que contempla la ley» para regresar a Catrilaf al régimen de prisión preventiva.
«Esta es una causa en donde se han realizado varias audiencia de revisión de prisión preventiva, donde reiteradamente se han validado los antecedentes de investigación que hemos recopilado», afirmó.
El pasado miércoles la Fiscalía decidió el fin de la investigación, y a partir de ese momento cuenta con 10 días para presentar la acusación en contra los once comuneros mapuches.
PUB/SVM
