El conflicto minero en Bolivia se agravó hoy con el asesinato del viceministro de Régimen Interior, Rodolfo Illanes, y la denuncia de los manifestantes de una tercera muerte entre sus filas en los enfrentamientos con la Policía.
Illanes, un abogado penalista de 56 años que había asumido su actual cargo en marzo de este año, se encontraba en el lugar del bloqueo de ruta, en la población altiplánica de Panduro, tratando de mediar con los mineros que llevan a cabo en los últimos días violentas protestas porque se oponen a reformas a la ley de cooperativas.
Los mineros en protesta se oponen a la norma que permite la creación de sindicatos dentro de cooperativas, pese a que, según el gobierno, esa medida no los perjudica. Las cooperativas mineras son aliados del presidente Evo Morales. Este colectivo ocupa cargos en el Ejecutivo, en una Superintendencia del ramo y en el Congreso, donde cuenta con senadores y diputados.Funcionan con alrededor de 150.000 afiliados, de los que una minoría son patrones y dirigen a decenas de miles de obreros que trabajan en condiciones precarias.
Luego de tres días de enfrentamientos esporádicos con la policía por el control de las vías, al finalizar la tarde de este jueves los mineros pactaron con el gobierno el inicio de una negociación a cambio de que cesaran los bloqueos de las rutas.
El inicio de las negociaciones estaba previsto para este viernes en la sede de la vicepresidencia de Bolivia, dijo a la prensa el ministro de la Presidencia, Juan Ramón Quintana.
Pero, ¿dónde está el origen de este conflicto?
El precedente lo encontramos en 2014, cuando miles de mineros bolivianos salieron a las calles para protestar contra el gobierno y el Congreso de Bolivia por modificar el proyecto de Ley Minera que había sido presentado como fruto de un consenso alcanzado durante tres años entre todos los actores del sector.
Este proyecto de ley daba a las cooperativas la facultad de firmar contratos de asociación con otros grupos privados, nacionales o transnacionales para el uso de los derechos mineros que le otorgó el Estado.
El ministro de Minería, Mario Virreira, explicó que uno de los cambios claves introducidos en el proyecto, en el artículo 151, es el retiro a los mineros del derecho de firmar contratos de asociación, pasando este a potestad exclusiva y constitucional del Estado.
Según el gobierno, las cooperativas no tienen fines de lucro y deben estar formadas solo por socios que se repartan los ingresos por igual, por lo que «tampoco se puede seguir aceptando que algunos se conviertan casi en empresarios y contraten a peones o jornaleros en medio de una grave desprotección laboral».
El máximo dirigente de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras, Alejandro Santos, dijo a los medios que «los cambios en el proyecto de ley condenan al sector a no seguir creciendo y a tener complicaciones económicas cuando enfrenten situaciones de crisis». De este modo, las federaciones regionales de La Paz y Potosí, en Bolivia, establecieron que la protesta será indefinida hasta que el Congreso y el gobierno retrocedan en su decisión de cambiar el proyecto de ley.
Por ende, los cooperativistas piden cambios en la Ley Minera, para que se les permita firmar contratos con empresas privadas y acceder a la ampliación de concesiones mineras, subsidios a la energía eléctrica y arancel cero para la importación de maquinaria.
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