El juez Luis Olivares, del Juzgado de Garantía de Temuco, fijo esta mañana el pago de una fianza de 10 millones de pesos a Hernán Catrilaf Llaupe, lo que permitirá al imputado por la muerte del matrimonio Luchsinger-Mackay, quedar en libertad con arraigo nacional.
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A juicio del magistrado el comunero no reviste un peligro para la seguridad de la sociedad, pero sí existe un peligro de fuga, por lo que mantuvo la prisión preventiva pero fijó el pago de una caución como requisito para su salida desde la Cárcel de Temuco.
“Respecto que no existían antecedentes de su participación en los hechos de la Granja Lumahue, el Tribunal estimó que sólo existía peligro de fuga por lo tanto decretó una caución”, comentó la abogada particular Manuela Royo, quien explicó además que su representado “tiene que depositar $ 10 millones, lo cual es cómo una fianza, y en el evento de que él sea absuelto recuperará esa cantidad de dinero”.
Durante la mañana, también se revisó la prisión preventiva en contra de Sabino Catrilaf Quidel, la que se mantuvo. Además del crimen de los agricultores, Catrilaf es investigado por tenencia ilegal de arma de fuego y munición.
La decisión del juez Olivares fue criticada por el hijo del matrimonio asesinado el 4 de enero de 2013, Jorge Luchsinger, quien alegó que la defensa no presentó antecedentes nuevos para modificar la prisión preventiva.
“Yo creo que él (juez Olivares) tiene la convicción de que no hay antecedentes suficientes. Está prejuzgando, haciendo juicios anticipados. Está sentando precedentes que no me parecen razonables”, manifestó Luchsinger.
El 23 de agosto pasado, la abogada Royo había conseguido sacar de la cárcel con arresto domiciliario total a Sergio Catrilaf Marilef.
PUB/NL
