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Este lunes 29 de agosto, la Presidenta Michelle Bachelet promulgó la Ley que Moderniza las Relaciones Laborales, más conocida como reforma laboral.
En su alocución, la Mandataria no obvió los obstáculos que tuvo que sortear la iniciativa para ser aprobada. «Esta reforma laboral no es todo lo que el Ejecutivo impulsó y el Congreso por amplia mayoría aprobó», dijo la Jefa de Estado, añadiendo que el Gobierno aspiraba a más «porque estimamos que persisten desequilibrios en las relaciones laborales que deben ser corregidos».
Pese a ello, Bachelet aseguró que esta ley «sigue siendo un avance significativo para las relaciones laborales», destacando que los trabajadores contarán con una huelga efectiva, con piso de negociación, con extensión pactada de beneficios, garantiza la representación de las mujeres en los directorios sindicales y reconoce el derecho de los trabajadores afiliados.
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La Presidenta insistió también en que Chile debe preocuparse «del número de empleos que genera, pero igualmente importante es hablar de la calidad del trabajo».
E 11 de agosto pasado, el Tribunal Constitucional (TC) le dio el último visto bueno a la iniciativa. Cabe recordar que en una primera instancia, y tras ser aprobada por mayoría en el Congreso, el TC rechazó aspectos claves de la iniciativa, tras el requerimiento presentado por la oposición.
En esa ocasión, el organismo objetó la titularidad sindical, es decir, que sólo sindicatos tuvieran la potestad para negociar con el empleador.
En el caso de la extensión de beneficios, el TC acogió parcialmente el requerimiento, debido a que consideró que se obligaba al trabajador a sindicalizarse para recibir los beneficios y la empresa podía extender los beneficios a los demás empleados si el sindicato estaba de acuerdo.
Tras este fallo, el Gobierno envió un veto presidencial para adecuar la norma a las disposiciones del Tribunal, que modificó las normas de quórum de negociación y eliminaba tres de los cinco pactos de adaptabilidad, los que permitían pactar sistemas excepcionales de jornada de trabajo y descanso; los de horas extraordinarias y los referidos al sobretiempo de preparación para trabajar y jornada pasiva.
Tras ser aprobado el veto, parlamentarios de Chile Vamos acusaron al Ejecutivo de desacato y de que se dejaba sin marco legal a los grupos negociadores, provocando eventualmente un judicialización en materia laboral. Por ello, recurrieron nuevamente al TC, el que desestimó su nuevo recurso por presentarse fuera de plazo.
La norma entrará en vigencia seis meses después que sea publicada en el Diario Oficial en los próximos días.
DP/PCP
