Haciendo uso de la Ley de Transparencia, una persona solicitó al Estado Mayor Conjunto, copia de algunas actas de las sesiones del Consejo de Seguridad Nacional (Cosena), celebradas entre 1989 y 2012.
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El órgano denegó la entrega de la información por razones de seguridad nacional y defensa de la Nación, instalando un debate público frente al derecho de acceso a la información pública.
La reclamante recurrió ante el Consejo para la Transparencia, el cual en su decisión determinó que la publicidad de algunas actas no afectaría la seguridad y defensa nacional, sino por el contrario, su conocimiento resulta de alto interés público como una forma de preservar la memoria histórica sobre los acontecimientos relativos a graves violaciones a los derechos humanos ocurridos en Chile.
Según la información disponible, algunas de esas actas refieren a un debate en relación al Informe Rettig de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (1991), la acusación constitucional de ministros de la Corte Suprema (1992) y los puntos de vista de los integrantes del Cosena sobre la unidad y reconciliación del país (2001), entre otros.
Tras esto, en el contexto del Derecho Internacional el relator especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh), en su visita a Chile, manifestó preocupación por el hecho que el Gobierno no haya acogido la decisión del Consejo, recordando que el derecho de acceso incluye la información que se relaciona con la seguridad nacional, salvo las precisas excepciones que establezca la ley, siempre que éstas resulten necesarias en una sociedad democrática.
Por ello cierta categoría de información, dado el interés público preponderante o imperativo que reviste, no puede ser retenida invocando razones de seguridad nacional en ninguna circunstancia, así ocurre con la información relativa a graves violaciones derechos humanos o del derecho internacional humanitario, y en ese sentido resolvió este Consejo.
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