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DiarioPyme.com/AFP
Si usted pensaba visitar Miami Beach con su familia y arrendar un económico apartamento a través de Airbnb, no le será tan fácil: la ciudad está implementando mano dura contra este tipo de plataformas.
Miami Beach es centro de una polémica luego de que la ciudad multara por un total de 1,59 millones de dólares a propietarios y sitios web como Airbnb, Homeaway y Booking.com por rentar -o promocionar la renta- de viviendas a corto plazo.
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La policía incluso desalojó a turistas que se estaban quedando en 31 propiedades que fueron multadas, según un memo del administrador municipal Jimmy Morales del 17 de agosto, divulgado recientemente.
Los arriendos de menos de seis meses y un día están prohibidos en buena parte de este balneario ubicado en el sur del estado de Florida (sureste de EEUU) que recibe millones de turistas al año.
Las autoridades argumentan que el ambiente festivo las 24 horas del día es una gran molestia para los residentes. También aseguran que los arrendadores, básicamente, no son más que evasores de impuestos.
En estos alquileres de corto plazo «se amontonan cinco a diez personas en una habitación y están de fiesta toda la noche», dijo a la AFP Michael Grieco, comisionado de Miami Beach.
«No es un asunto de turismo. Es un asunto de calidad de vida para los residentes. Y en segunda instancia es un asunto de evasión de impuestos».
En conclusión: desde marzo de este año los propietarios y las páginas web de alquileres de corto plazo han sido multados por cifras que van de 20.000 a 80.000 dólares, de acuerdo al memo divulgado por el diario local Miami New Times.
Actualmente hay «cientos» de investigaciones en curso sobre «miles de viviendas listadas», detalló Grieco. El endurecimiento de las medidas comenzó cuando, en marzo, la ciudad aumentó de unos cientos a 20.000 dólares la multa por alquilar viviendas a corto plazo.
Antes los propietarios pagaban felizmente esta multa como si se tratara de un impuesto, dijo Grieco para explicar la razón de este empinado aumento. Ahora los propietarios lo pensarán dos veces antes de listar su propiedad.
Rafael Belisario, un venezolano residente del sur de la isla, aplaudió estas medidas. «Uno no tiene ganas de ver gente desconocida todo el tiempo en su edificio, que vienen a Miami Beach a rumbear y se beben hasta el agua de los floreros».
En la vereda opuesta están los inversionistas. Ross Milroy, un agente de propiedades de lujo en Miami Beach, dijo a la agencia AFP que evalúa presentar una demanda colectiva argumentando que estas redadas son ilegales.
Su fundamento es un estatuto estatal de 2011 que prohíbe a los gobiernos locales regular la duración o frecuencia de los alquileres vacacionales.
Según Milroy, las nuevas medidas son además un gran problema para los inversores internacionales. «Claramente, ahora las opciones de inversión están severamente limitadas y basta decir que esto forma gran parte del mercado local de bienes raíces».
«¿Por qué un comprador europeo o estadounidense invertiría en una propiedad en Miami Beach si luego no puede alquilarla por menos de seis meses y un día?», se preguntó.
Respecto a las consecuencias para el turismo, Grieco ríe abiertamente. «Si Airbnb cerrara su negocio mañana, Miami Beach no sufriría ningún impacto negativo», aseguró.
En tanto, la tercera pata de este conflicto, Airbnb, prefiere no entrar en polémicas. «Estamos deseosos de trabajar con los líderes comunitarios y los propietarios en los próximos meses para crear normas justas que permitan compartir hogares», dijo su portavoz, Benjamin Brait, a la AFP.
Precisamente es Airbnb la firma la más afectada, con multas que ascienden a 80.000 dólares.
Esto no es un fenómeno desconocido para nuestro país, ya que en abril pasado la Federación de Empresas de Turismo de Chile (Fedetur) también hizo saber su molestia con esta plataforma a través de una carta publicada en un medio nacional, donde la calificaba como el «Uber de la hotelería».
En esa ocasión, Andrea Wollter, vicepresidenta ejecutiva de Fedetur, aclara a Publimetro que ellos no tienen problemas en coexistir con este tipo de ofertas, pero lo que sí piden es que tengan la regulación necesaria para que compita con las mismas reglas del juego entre todos.
DP/PCP
