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La justicia argentina autorizó la realización de 13 allanamientos en una oficina de la compañía estadounidense Uber en Buenos Aires, así como en domicilios de varios de sus gerentes y de socios conductores, en una causa que investiga la actividad de la empresa en la capital argentina.
Esta aplicación móvil de servicios de transporte, que permite solicitar hacer un viaje con un conductor particular y pagar con tarjeta de crédito, comenzó a funcionar el pasado 12 de abril en la capital argentina, y si bien la justicia ordenó su clausura, según refleja Uber en su Twitter oficial, continúa funcionando.
La Fiscalía de la capital argentina explicó hoy en un comunicado que la causa abierta contra la compañía cuenta ya con más de 20 imputados y comenzó de oficio por la Unidad de Investigaciones Complejas Oeste por infringir una norma que prohíbe la utilización del espacio público con fines lucrativos.
Además, ahora la empresa suma otros hechos como el no cumplimiento de la orden de clausura preventiva de sus operaciones impuesta a Uber por la justicia el pasado 22 de abril y por ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir, en relación a los socios chóferes.
Los allanamientos llevados a cabo hoy fueron autorizados por la jueza penal Claudia Amanda Alvaro y efectuados por la Policía Metropolitana junto al Cuerpo de Investigaciones Judiciales de la Fiscalía.
En concreto, los operativos se realizaron en la oficina de Uber Argentina en el centro porteño, así como en los domicilios particulares de dos ejecutivos que estuvieron a cargo de la compañía hasta junio pasado y otros dos gerentes actuales.
El resto de los procedimientos fueron en domicilios particulares de socios conductores de la plataforma, a los que se investiga por haber realizado actividades lucrativas no autorizadas en el espacio público, pero también por ejercer ilegítimamente una actividad al haber excedido los límites de su registro de conducir.
Como resultado de los allanamientos, se incautó documentación que liga a los más de 20 imputados con las actividades ilegales de la empresa y se confiscaron celulares, computadoras y otros dispositivos utilizados por la compañía.
La Fiscalía recuerda que desde mediados de abril, el fiscal de Cámara Martín Lapadú y el fiscal Néstor Maragliano dirigen la investigación del caso iniciado por oficio contra Uber, por operar en Buenos Aires sin los correspondientes permisos.
Subraya también que además de ejercer una actividad lucrativa en el espacio público sin la habilitación necesaria, la empresa no exige a sus socios conductores registro profesional ni seguro para los pasajeros.
Asimismo, al entender que el funcionamiento pone en riesgo la seguridad de los pasajeros, los fiscales solicitaron una serie de medidas que fueron autorizadas por la titular del Juzgado Penal.
Desde abril, el periplo de Uber en Buenos Aires ha estado marcado por las fuertes protestas entre el sector de los taxistas.
DP/PCP