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Frente a la Moneda, la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos marchó con el objetivo de buscar el cierre definitivo del penal de Punta Peuco, lugar donde cumplen condena un centenar de ex militares acusados de delitos de lesa humanidad durante la dictadura.
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Al respecto, la presidenta de la organización, Lorena Pizarro indicó que los uniformados involucrados en violaciones a los derechos humanos deben ir “a una cárcel común”, mostrando su preocupación sobre la acogida por parte de los tribunales de recursos judiciales en defensa de los condenados por estos crímenes.
Respecto del fallo de la Corte de Apelaciones que acogió de manera parcial el recurso de protección que busca la libertad condicional del brigadier del Ejército en retiro, Miguel Krassnoff, condenado por diversos delitos de lesa humanidad a más 400 años de cárcel, en fallos de primera, segunda y tercera instancia, Pizarro indicó que “lamenta” la decisión porque a su juicio “no cuenta con los requisitos” para el beneficio.
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El recinto carcelario fue construido en 1995 para acoger a los ex miembros de la dictadura detenidos por el caso Letelier, como el general (R) Manuel Contreras y el brigadier (r) Pedro Espinoza. En la actualidad, el penal se encuentra en su máxima capacidad.
En este sentido, el gobierno de Ricardo Lagos en el 2004 se habilitó el penal Cordillera, a un costado del Comando de Telecomunicaciones del Ejército de Chile. El centro fue criticado por los familiares de las víctimas de la dictadura debido a las comodidades que contaban los condenados entre las cuales destacaban canchas de tenis y piscina. Ante las críticas, la administración del presidente Sebastián Piñera ordenó su cierre el 2013.
La marcha liderada por la agrupación busca el cierre definitivo de las cárceles especiales para los militares que cometieron violación a los derechos humanos durante la dictadura de Augusto Pinochet.
PUB/CM