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Luiz Inacio Lula da Silva se pronunciará públicamente este jueves en una conferencia de prensa en Sao Paulo, tras ser acusado por la Fiscalía de Brasil de ser el «comandante máximo» de la red de corrupción de Petrobrás.
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La acusación contra quien gobernó Brasil entre 2003 y 2010, ícono de la izquierda latinoamericana, cayó como una bomba en un país sacudido por la crisis económica y política, incluyendo la destitución de Dilma Rouusseff, la heredera política de Lula que le sucedió en el poder.
El abogado de Lula calificó las denuncias de «farsescas» y dijo que la Fiscalía carece de pruebas y, al igual que el Partido de los Trabajadores (PT, izquierda) ven tras los problemas judiciales del exmandatario un intento de sus enemigos de impedir que concurra a las elecciones presidenciales de 2018.
La conferencia de prensa de Lula está prevista para las 16H00 GMT.
El jefe de los fiscales que investiga el caso, Deltan Dallagnol, afirmó el miércoles en una rueda de prensa en Paraná (sur) que el exmandatario estaba en la cima del esquema que desvió miles de millones de dólares de la petrolera estatal, revelado por la Operación Lava Jato (lavadero de autos).
«Sin el poder de decisión de Lula, ese esquema sería imposible», aseguró Dallagnol, al definir el caso -también conocido como «Petrolao»- como «el mayor escándalo de corrupción de la historia de Brasil».
Ahora el juez Sergio Moro, devenido en símbolo de la lucha contra la corrupción, deberá decidir si acepta la denuncia contra el exdirigente sindical, de 70 años, que encarnó la irrupción de la izquierda latinoamericana a inicios de la década pasada.
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«Sobornocracia»
Según Dallagnol, en esta causa -una de las múltiples del expediente que ya se tradujo en más de un centenar de sentencias- Lula recibió unos 3,7 millones de reales (1,1 millones de dólares al cambio actual) «en sobornos pagados disimuladamente».
Afirmó además que se había constatado que la constructora OAS, una de las principales involucradas en la trama político-empresarial de sobornos en Petrobras, transfirió recursos al expresidente mediante la reforma de un apartamento tríplex y de un contrato falso de almacenamiento de bienes personales.
La esposa del exmandatario, Marisa Leticia Lula da Silva, también fue denunciada, en particular como presunta copropietaria del tríplex.
El fiscal que conduce el equipo de investigadores definió como «sobornocracia» el sistema masivo de desvío de fondos diseñado, según dijo, con el objetivo de «perpetuarse criminalmente en el poder, enriquecerse ilícitamente y corromper la gobernabilidad».
El expresidente enfrenta otra acusación, por presunto intento de obstrucción de las investigaciones de la Operación Lava Jato.
En su presentación, Dallagnol citó un estudio de la Policía Federal que indicó que el «perjuicio total» ocasionado por el fraude podría ascender a los 42.000 millones de reales (unos 12.700 millones de dólares).
Consultado acerca de si solicitaría la detención del exmandatario, respondió que no se manifestaría sobre eventuales medidas cautelares.
Para el profesor de derecho penal de la Fundación Getulio Vargas Thiago Bottino, la acusación contra Lula «no es un motivo para mandar preso a alguien (…). El hecho de acusar a alguien no significa que haya cometido esos delitos», dijo a la AFP.
El «Petrolao»
El «Petrolao» fue un sistema que operó durante una década en la estatal Petrobras, por el cual las mayores constructoras de Brasil sobornaban a ejecutivos de la compañía, que a su vez eran designados por partidos políticos, a cambio de contratos.
Las empresas sobrefacturaban las obras y el excedente generado era luego distribuido entre las agrupaciones para financiar sus campañas y entre los participantes para su enriquecimiento personal.
El escándalo fue el gran motor de las protestas contra el PT y el gobierno de la sucesora de Lula, Dilma Rousseff, que fue destituida el mes pasado acusada de maquillar las cuentas públicas, en un juicio político sin conexión con Petrobras, pero plagado de menciones a la trama.
Lula también está acusado, en otro expediente, de intentar obstruir las investigaciones luego de que un exsenador de su partido, Delcidio do Amaral, dijera que había sido uno de los ideólogos de un intento por comprar el silencio de un directivo de Petrobras que negociaba un acuerdo con las autoridades a cambio de una reducción de su condena.
También fueron detenidos por el esquema de sobornos en la estatal Joao Santana, publicista del PT, Joao Vaccari, extesorero, y José Dirceu, exjefe de gabinete y mano derecha de Lula.
Dirceu fue condenado en mayo a 23 años de prisión por este caso. Hombre fuerte del PT, ya había estado detenido por un escándalo previo conocido como «mensalao», por el cual el PT pagó sobornos a legisladores aliados a cambio de apoyo político durante el primer mandato de Lula.
Dallagnol vinculó ambas causas y las consideró «dos caras de la misma moneda».
La monumental red de desvíos en Petrobras, que supo ser sinónimo de futuro en Brasil, puso a decenas de legisladores bajo investigación del Supremo Tribunal Federal (STF), entre ellos algunos del PMDB de centro-derecha, en el que milita el actual presidente Michel Temer.
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