El ex presidente de Panamá Ricardo Martinelli (2009-2014) quedó más cerca de tener que enfrentar la justicia de su país, que lo reclama por espionaje y lo investiga por corrupción, después de que el gobierno solicitara su extradición a Estados Unidos, donde reside desde 2015.
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La cancillería oficializó ante el Departamento de Estado norteamericano la solicitud de arresto provisional con fines de extradición de Ricardo Martinelli Berrocal.
La Corte Suprema de Justicia de Panamá, encargada de investigar a Martinelli por su condición de diputado del Parlamento Centroamericano, acusa al exgobernante de haber ordenado la intervención de teléfonos y correos electrónicos de unas 150 personas, entre empresarios, activistas sociales y periodistas críticos de su gobierno.
La Corte panameña solicitó este año a Interpol que emita una alerta roja para la captura del ex mandatario, de 64 años.
Sin embargo, Luis Camacho, portavoz de Martinelli, declaró a la AFP que «el supuesto delito (escuchas telefónicas) con el cual se le pretende extraditar no está incluido entre los delitos contemplados en el tratado de extradición entre Panamá y Estados Unidos».
La defensa de Ricardo Martinelli manifestó en conferencia de prensa que la solicitud de extradición es improcedente e ilegal, por lo que acudirán a instancias internacionales.
«La extradición de una persona sólo se puede dar cuando es un imputado o condenado, y el señor Martinelli no tiene la condición ni de imputado y mucho menos de condenado”, dijo Rogelio Cruz, uno de los abogados del expresidente.
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– Acusaciones por doquier –
Martinelli, un multimillonario empresario de supermercados con múltiples intereses económicos, ganó las elecciones de 2009 con más del 60% de los votos y un discurso anticorrupción.
Sin embargo, tras su paso por el poder acumula varias denuncias por corrupción durante su gobierno, del que cerca de una decena de ministros han sido detenidos o están sometidos a medidas cautelares por diversos escándalos.
Martinelli también es investigado por la supuesta sobrefacturación en un contrato de 45 millones de dólares para la compra de comida deshidratada para escuelas públicas y es mencionado en otros casos que investiga la justicia por presuntos delitos financieros, compras con sobreprecios y cobro de comisiones en casos de defraudación fiscal.
«Él tiene que regresar y dejar de estar huyéndole a la justicia panameña y que la enfrente como están haciendo otros miembros de su partido y de su gobierno», dijo a la AFP Balbina Herrera, candidata presidencial en 2009 y una de las querellantes por el caso de las escuchas.
Pese a las acusaciones, Martinelli dice ser un «perseguido político» del actual gobierno de Juan Carlos Varela, un antiguo aliado que se convirtió en enemigo desde que Martinelli lo cesó en 2011 del cargo de canciller.
Sin embargo, el abogado de los denunciantes, Carlos Herrera, descartó en RPC Radio que haya «persecución política», argumento que a su juicio «no tiene ni pies ni cabeza».
«Parece que estamos cerca de tener de vuelta a Martinelli en calidad de detenido. Este señor se ha burlado de nosotros casi por dos años», manifestó a la AFP Magaly Castillo, presidenta de la organización Alianza Ciudadana ProJusticia.
– ¿Justicia? –
Pese a los múltiples casos de corrupción en los que se señala al exgobernante, muchos de sus críticos dudan de que la justicia panameña quiera sentar en el banquillo a Martinelli, quien también tiene pasaporte italiano.
Esa Corte, aducen, está compuesta por una mayoría de magistrados que ya desempeñaban sus cargos durante el gobierno de Martinelli, en un país muy presidencialista y clientelista.
Para el catedrático de derecho constitucional Miguel Antonio Bernal, además, «nadie garantiza» que Estados Unidos vaya a aprobar la extradición por «el alto grado de protección que en todo momento el gobierno norteamericano le brindó y le brinda al señor Ricardo Martinelli».
Este pedido de extradición «podría complicarle las cosas a Martinelli», dijo a la AFP Carlos Guevara Mann, director de la Maestría de Relaciones Internacionales de la Florida State University.
Sin embargo, todo dependerá de si la solicitud está bien hecha y «en vista de lo mal que trabaja el gobierno de Panamá, hay motivos para pensar que la solicitud pudiese tener defectos», añadió Guevara.
Habrá también que tener en cuenta los «intereses políticos» de Estados Unidos en este caso y del sistema de justicia de Panamá, caracterizado por la «corrupción e inoperancia», afirmó.
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