PUBLICIDAD
Desde hace 15 años que una de las AFP del sistema de pensiones chileno es propiedad de un fondo de inversiones, cuyos dueños nadie sabe quiénes son y cuya sede se encuentra en un paraíso fiscal.
Se trata de Plan Vital, que desde 2001 es controlada por el fondo Atacama Investments que tiene domicilio en las Islas Vírgenes y cuyo 56% de sus derechos no tienen dueño o dueños conocidos, según reveló hace algunas semanas El Mostrador.
Fue por esto que la Superintendencia de Pensiones le exigió a la administradora que le informe sobre quién es efectivamente su propietario. Según detalla el medio electrónico, el organismo estatal comprobó que la AFP está en medio de un entramado algo difícil de explicar.
PUBLICIDAD
Atacama Investments es controlada por Inversiones Los Olmos (controladora también de Plan Vital) y el 100% de los derechos políticos están en manos del holding financiero italiano Assicurazioni Generali SPA.
El asunto es que, tal como se mencionó al inicio, se desconoce quién posee el 56% de los derechos económicos (recibir los dividendos que reparte la AFP) de Atacama, mientras que el otro 44% están en manos de la sociedad Graafschap, la que a su vez es también es controlada por Generali, la que cotiza en la bolsa de Milán y cuya propiedad está altamente diseminada.
El 7 de septiembre, el superintendente Osvaldo Macías se reunió con con tres representantes de Planvital y sus controladores: Alfredo Orelli, presidente de la gestora; Rodrigo Díaz de Valdés, abogado de Los Olmos; y el representante de Generali para América Latina, Antonio Cassio Dos Santos.
En la cita, este último le habría dicho a la autoridad que Generali no representa a los dueños de los derechos económicos de Atacama Investment por lo que no puede darle una respuesta. Aún así, los ejecutivos habríanaccedido a revelar cinco nombres.
Sin comfirmarse detalles de la reunión, tras ella Macías envió el 28 de septiembre un oficio a Plan Vital intruyéndole formalmente que revele los nombres de los socios en un plazo máximo de 30 días. Dde no recibir una respuesta, la Superintendencia podría abrir un expediente sancionatorio que desemboque en multas de hasta 30 mil UF (alrededor de $786 millones 729 mil).
DP/PCP
