Pareciera que cualquier institucionalidad que proteja de manera efectiva los derechos de los consumidores, constituye para la derecha un atentado a la Constitución. Esto es lo que ha estado pasando en la tramitación del proyecto de ley que fortalece al Servicio Nacional del Consumidor. El objetivo es contar con una institución que pueda efectivamente hacer valer la ley y resolver de manera directa y concreta los abusos que ocurren.
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Son lamentables los ataques que el proyecto ha sufrido por parte de sectores conservadores, tratando de infundir miedo y desacreditar la iniciativa como atentatoria para la economía. Pareciera que quisieran que la colusión de empresas y abusos en los cobros sigan imperando en el mercado.
Los grupos de interés han levantado el discurso de que el proyecto es inconstitucional, y lamentablemente sectores de derecha se ha sumado a esta postura.
Consideran que el Sernac tendría una concentración de funciones desmedidas, ya que podría fiscalizar, sancionar, normar, mediar e interponer demandas colectivas. Se imaginan un Sernac poderoso que tendría una conducta arbitraria, alegan que no tendría contrapesos y se convertiría en una especie de “juez”. Quieren transmitir miedo. Este argumento supone que no hay estado de derecho y que las instituciones pueden regirse a su antojo. Esto no es así, el proyecto le asigna atribuciones sancionatorias que son coherentes con el ordenamiento jurídico y la Constitución.
La necesidad de dotar al Sernac de mayores facultades surge de un diagnóstico sobre el funcionamiento del mercado y protección existente para los consumidores. En la práctica, el respeto de los derechos de los consumidores en nuestro país es muy débil y no hay sanciones ejemplares que terminen con las injusticias constantes, como ocurre hasta hoy.
Parte de la sensación extendida de malestar en nuestra sociedad proviene de la asimetría existente entre la ciudadanía y los grandes poderes; en este caso, la legislación propuesta para perfeccionar el Sernac busca cautelar mayores niveles de simetría al interior de nuestra sociedad. Un Servicio fuerte, con facultades suficientes y alerta a la comisión de abusos en materia de consumo servirá también para reponer la confianza en la ciudadanía misma, lo que redundará en un mejor funcionamiento de los mercados y, por extensión, de la democracia.
Las objeciones son infundadas, pareciera que nuevamente el objetivo es velar por los intereses de los que tienen más, así sólo aportamos a la desigualdad económica que todos decimos querer terminar. En el fondo los grupos de interés no quieren una efectiva protección de los consumidores.
Estoy convencida que una vez aprobada la ley, el mercado y los consumidores generarán confianzas que harán de Chile un país más justo para todos y todas.
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