Desde una multa hasta su disolución como empresa podría sufrir Corpesca luego de finalizar la audiencia de formalización como persona jurídica.
La firma controlada por el grupo Angelini, se encuentra investigada por el eventual pago de sobornos al desaforado senador Jaime Orpis y la ex parlamentaria Marta Isasi, en el marco de la tramitación de la Ley de Pesca durante el gobierno del ex presidente, Sebastián Piñera.
En el 4°Juzgado de Garantía compareció el representante legal de Corpesca, Arturo Natho Gamboa, quien a nombre de la compañía escuchó los alegatos del fiscales Julio Contardo y Ximena Chong .
En el trámite judicial, el Ministerio Público le imputó a la firma el no haber adoptado los protocolos para evitar el delito de soborno presuntamente cometido por el ex gerente de Corpesca, Francisco Mujica quien habría pagado unos 176 millones de pesos Orpis y 55 millones de pesos a Isasi mediante facturas ideológicamente falsas para comprometer su apoyo en la mencionada ley, durante los años 2010 al 2013.
En la formalización no se consideraron los pagos efectuados antes de diciembre de 2009, pues en ese entonces aún no estaba promulgada la ley que determina la responsabilidad de las personas jurídicas.
En dicho contexto, el persecutor Julio Contardo sostuvo que la imputación «es un paso más dentro de la indagación”, añadiendo que «dentro de las sanciones de la ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas va desde la multa hasta la disolución, pasando por la pérdida de determinados beneficios o la imposibilidad de celebrar contratos con el Estado. Eso va a depender de la imputación que se haga en el libelo acusatorio».
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