Me he preguntado si existen mundos y personas olvidadas. Lamentablemente los hay. Hablo de los 649 niños, niñas y adolescentes que estaban bajo el alero del Sename y que fallecieron entre los años 2005 y 2016.
Conocer la verdad es un deber moral y ético; más si recordamos los duros cuestionamientos a una entidad que fue creada para “contribuir a la promoción, protección y restitución de derechos de niños, niñas y adolescentes vulnerados/as, así como a la responsabilización y reinserción social de los adolescentes infractores/as de ley, a través de programas ejecutados directamente o por organismos colaboradores del servicio”, como indica su misión.
Como Estado y sociedad, no hemos estado a la altura. Ese es el punto.
Lamentablemente, en estas cifras hay otro mundo oculto. Del total de menores que fallecieron, 113 tenían algún grado de discapacidad. A los que se suman 215 adultos con discapacidad que se mantenían al cuidado del Sename, porque no había nadie que se hiciera cargo.
Tras el dolor que provocan estos números, surge inmediatamente el cuestionamiento: ¿es el Sename la institución que debe cuidar de niños y adultos con discapacidad? ¿Qué experiencia tienen en la materia? ¿Por qué nadie se hizo cargo? La propia directora, Solange Huerta, ha dado cuenta de la precariedad que tiene el sistema. No sólo pienso en cuidados médicos, rehabilitación, sino en programas que apunten a la inclusión.
Sé en qué país vivo. Conozco de los esfuerzos para avanzar en derechos de las personas con discapacidad. Pero en el 2016 no es aceptable que se les trate como muebles, cuando tenemos un Senadis, acuerdos internacionales, Teletón… no es aceptable que no haya nadie más que se haga cargo.
El Estado, gobiernos, legisladores y los ciudadanos no podemos ser meros observadores de las cifras y reaccionar sólo cuando hay conmoción nacional. Porque en 11 años hubo personas que sufrieron, niños y jóvenes que no tuvieron la protección que se les prometió, personas con discapacidad que no tuvieron voz.
No podemos cerrar los ojos frente a las abrumadoras desigualdades. Debemos buscar alternativas para resguardar los derechos de cada uno de esos niños, jóvenes y adultos que se mantienen en el Sename. Sin importar dónde nacieron o que discapacidad tienen.
Debemos aprender -de una vez por todas- a trabajar en forma colaborativa, propositiva. El Estado debe generar las políticas públicas e institucionalidades necesarias para hacer frente al problema. Hoy espero de nuestras autoridades un programa a corto, mediano y largo plazo. Que las leyes que protegen a estos menores no sigan durmiendo en el Congreso; y ante todo que no olvidemos… Porque cuando hablamos de niños… el número no importa.
*Fundación Tacal imparte cursos gratuitos para personas mayores de 18 años con discapacidad. www.fundaciontacal.cl; F: 2 232 10 700; Adolfo Ibáñez 469, Independencia.
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