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Fiscalización al porte y autocultivo: la gran interrogante del proyecto de despenalización de la marihuana

Parlamentarios de la comisión de Salud expusieron sus puntos sobre este tema en Publimetro, en el marco de una iniciativa que podría ser revisada en la instancia hasta fines de noviembre antes de ser votada en su totalidad.

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Los próximos pasos que vivirá el proyecto que despenaliza autocultivo y uso medicinal de la marihuana

El martes, la comisión de Salud de la Cámara de Diputados votó tres de las 81 indicaciones que tiene el proyecto que despenaliza el autocultivo y el uso medicinal de la marihuana.

En dicha sesión, destacó la revisión de la indicación patrocinada por un grupo de parlamentarios oficialistas que buscaba prohibir el autocultivo de cannabis, en donde se solicitaba que solamente los cultivos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pudieran ser considerados como legales. Sin embargo, la iniciativa recibió siete votos en contra y seis a favor.

Pese al rechazo, este hecho es considerado importante por el legislador PPD e integrante de la comisión Miguel Ángel Alvarado, considerando el punto del porte permitido de marihuana en la iniciativa. En primera instancia, se aceptaba la tenencia de 10 gramos de cannabis y el cultivo de seis plantas por hogar. Posteriormente, el Gobierno ingresó una modificación para bajar la cantidad a una mata y dos gramos.

«El Gobierno envió inicialmente que eran seis plantas y luego cambió», sostuvo a Publimetro el mencionado parlamentario, agregando que «a mi no me parece ninguna buena. El Estado una vez más se lava las manos y no tomamos la responsabilidad como sociedad. El Estado debería proveer la cannabis a las personas que quieran usarla para los fines que ellos estimen conveniente, pero no dejar al libre albedrío».

En ese sentido, manifestó coincidir con la postura del jefe de la Unidad Contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Peligrosas del Ministerio Público, el fiscal Luis Toledo, precisando que no tiene que «no tiene mucho sentido (el cambio en cuanto a la tenencia efectuado por el Ejecutivo) porque es una cosa bastante semántica: no se va a ir a todo Chile a fiscalizar si tiene una, dos o tres plantas».

«Nadie va a fiscalizar. Además que el Estado debería hacerse responsable, se daría una de mejor calidad y educamos mejor así a nuestra población», agregó.

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«Tiene razón el diputado Alvarado». Así lo asegura el RN Jorge Rathgeb, quien recalca que «la verdad de las cosas es que este proyecto jamas debió haberse legislado».

Sobre la modificación del Ejecutivo en cuanto a la tenencia y cultivo de cannabis, aseveró que «no es que se mejore, sino que queda menos malo el proyecto. El Gobierno se dio cuenta que el proyecto era malo y trató de interceder y de aminorar las consecuencias perjudiciales que se puede provocar. Pero igual es insuficiente. Eso sí, como diputado de oposición valoro el esfuerzo que ha hecho el Gobierno».

A diferencia de ambos legisladores, el diputado PS Juan Luis Castro votó a en contra de la indicación que buscaba prohibir el autocultivo de cannabis, en donde se solicitaba que solamente los cultivos autorizados por el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) pudieran ser considerados como legales. 

Respecto a los reparos de sus pares por la fiscalización, el parlamentario resaltó que «lo importante es que el Gobierno al hacerse cargo del proyecto de permitir el autocultivo está dando un paso muy importante pese a la reticencia de varios sectores. Está claro que el control, el catastro y la fiscalización será difícil, pero se esta entregando una herramienta en la que por fin la gente que quiere consumir privadamente lo haga y eso es un avance sustantivo».

«Me siento conforme con que el Gobierno ya le abrió la puerta al autocultivo y habrá que buscar la manera que esto se controle y regule de la mejor manera», agregó.

Castro apuntó además a que «se puede hacer un registro de todas personas que declaren tener cultivo y dar un plazo razonable para que se inscriban de modo que tal que estén identificadas y la policía pueda actuar, y también los municipios. Y claro, los que no estén inscritos se da a entender que están por fuera de la legalidad vigente y podrían ser sancionados».

«Creo que se puede hacer, no lo veo como una razón en la que se escudan algunos para decir que es una imposibilidad y que es mejor dejar las cosas como están, que es una alternativa que muchos están diciendo hoy día», culminó. 

PUB/CM

 

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