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Esta semana fue aprobado en el Senado, el proyecto que permite la elección directa del cargo de intendente. Este proyecto ha sido blanco de varias críticas, centradas principalmente en las atribuciones que tendrá el nuevo gobernador regional y la nueva figura del delegado presidencial. El cargo, ya no se llamará «intendente» y teóricamente sus funciones estarían divididas entre estas dos nuevas figuras.
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En esta línea, la semana pasada el senador RN, Alberto Espina acusó que el proyecto entregaba pocas competencias al nuevo gobernador regional, pasando la mayoría de las atribuciones del actual intendente al delegado. «Vamos a elegir una autoridad de cartón», manifestó el senador, ya que el «delegado presidencial», como alude su nombre será electo directamente por el Presidente, mientras que el gobernador regional, quien tendrá tareas más administrativas, es el cargo que finalmente se elegirá mediante votación popular. Muchos critican que no tendrá la misma relevancia que un intendente, como se conoce actualmente.
Atribuciones de ambos cargos.
El proyecto de ley explica que «al gobernador regional le corresponderá la coordinación, supervigilancia y fiscalización de los servicios públicos regionales creados por ley para el cumplimiento de las funciones administrativas que operen en la región. El gobernador regional también tendrá como responsabilidad la creación de políticas, planes, programas y proyectos en materias de desarrollo económico, social y cultural de la región. También deberá elaborar el presupuesto regional y resolver los instrumentos y decisiones de planificación territorial, como los planes reguladores.”.
Por otra parte, el delegado presidencial, quien será designado directamente por el Presidente de la República, será el representante del Ejecutivo en cada región. Dentro de sus tareas, deberá informar al Mandatario sobre el cumplimiento de las funciones, desempeño o eventuales faltas en las que incurran los jefes regionales, representantes ministeriales y autoridades del poder judicial; velar por el respeto a la jurisdicción del territorio, al orden público y resguardo de las personas y bienes, aplicar administrativamente las disposiciones de la ley de Extranjería y ejercer la coordinación, fiscalización o supervigilancia de los servicios públicos que operen en la región. También, en situaciones de catástrofe o emergencia podrá adoptar las medidas necesarias para la adecuada administración de la región y de los complejos fronterizos.
El abogado y académico, Julio Álvarez es enfático en señalar que «lo que le ha faltado al Gobierno es precisión en las facultades de cada cargo. Hoy dia al intendente se le paga un sueldo. Ahora vamos a tener dos funcionarios. ¿Vamos a dividir el sueldo? ¿Quién les va a pagar? ¿Cuál va a ser su remuneración?». El abogado señala que esto complejiza la discusión. «El proyecto de ley es insuficiente, porque es prematuro y esto sucede porque el Gobierno pretende que quede para el 2017. ¿Hay plata para esto? Le hemos escuchado constantemente al Ministro de Hacienda que tenemos un presupuesto austero», destaca Álvarez.
Proyecto para 2017.
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Sobre la posibilidad de que la votación se realice en 2017, el abogado señala que «conforme al artículo 93, número 1 de la Constitución, toda ley orgánica constitucional, tiene que pasar por el tribunal constitucional» y según el académico éste no tiene los mismos tiempos políticos que el gobierno.
Por su parte, el analista político Roberto Munita señala esto traerá varias consecuencias.“Lo primero, es que es un error señalar que este proyecto de ley de elección de intendentes ayuda a la descentralización. Eso es una falacia. No mejora la descentralización, si el cargo no cuenta con las atribuciones necesarias», detalla el experto. Según Munita, en principio suena bien que el cargo sea electo por la gente, pero no se está tomando en consideración que el Estado va a gastar el doble para hacer lo mismo que hoy hace un intendente.
Además, esto podría generar conflictos políticos. Roberto Munita señala que «si sale un Presidente de un signo político y un gobernador regional de otro, se va a prestar para discusiones, en las cuales tal vez el gobernador no va a tener las atribuciones necesarias, si no que las va a tener el delegado presidencial. Por lo tanto, el gobernador se va a enfocar solo en criticar la gestión del delegado».
Por la misma razón, Munita cree que «el Gobierno esta haciendo lo que esta haciendo, porque tiene un escenario presidencial donde Piñera se ve muy fuerte. En cambio con el gobernador regional, podrían tener figuras de oposición con harta tribuna, poca responsabilidad y que pueda ser la oposición a quien gobierne». Desde una perspectiva comunicacional, Munita señala que va a haber mucha espectiva respecto a las funciones de estos cargos nuevos y que por ende, también habrá tribuna para cubrir estas discusiones locales. «Esto lo hacen porque tienen miedo a perder poder y con esto pueden asegurar algo de oposición dura. Con clara tribuna comunicacional», agregó.
